Alertan sobre los alarmantes resultados que surgen de un informe que da cuenta de la intensificación del aparato represivo del Estado bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Un grupo de legisladores de diferentes sectores políticos presentó en la Cámara de Diputados un proyecto por los alarmantes resultados del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Además, expresamos su “total apoyo a la labor de esa misión que presenció una intensificación del aparato represivo del Estado, lo que significó un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, expresó el diputado radical Julio Cobos.
“Desde la Cámara de Diputados queremos -una vez más- dar expreso respaldo a la defensa irrestricta de los derechos humanos, así como a la democracia como régimen político en la hermana República Bolivariana de Venezuela”, señaló el legislador mendocino.
El proyecto fue presentado por Cobos y cuenta con el acompañamiento de sus colegas Karina Banfi, Fernando Iglesias, Damián Arabia, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Martín Aveiro, Guillermo Montenegro, Soledad Carrizo, Damián Arabia, Manuel Aguirre, Marcela Antola, Melina Giorgi, Roxana Reyes, Margarita Stolbizer y Marcela Campagnoli.
Cobos explicó que “el informe presentado recientemente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, muestra la evolución de violaciones graves de los derechos humanos cometidas en Venezuela en el período que va del 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Dentro de ese lapso, el acontecimiento central fue la elección presidencial celebrada el 28 de julio de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados dentro y fuera del país y como da cuenta el informe, las protestas postelectorales fueron fuertemente reprimidas y dejaron un balance de 25 muertos y cientos de heridos y detenidos”.
El informe señala que las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Solo en julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.
Además, Cobos expresó que conforme a los resultados del informe, “se demostró que las detenciones fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso y los procedimientos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso, haciendo nula o inexistente la justicia para los detenidos”.
Finalmente, Cobos dijo que “Argentina ha adoptado la defensa de los derechos humanos como un pilar fundamental de nuestra política exterior, por eso entendemos que, más allá de las diferencias políticas o pertenencias partidarias, tenemos que repudiar estos actos violatorios y reclamar ante la comunidad internacional para defender al pueblo venezolano”.
