La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) presentó un pedido de informes al Gobierno nacional sobre la fallida venta de carbón de Yacimientos Carboníferos Río Turbio a la empresa israelí TEGI Limited. Esta operación, que involucraba la venta de 30 mil toneladas de carbón de baja calidad, fue frustrada por un presunto tráfico de influencias.

En la solicitud, la legisladora consulta sobre varios puntos clave de la operación, entre ellos: el estado de la venta, los montos y ofertas presentadas; los criterios para contratar a TEGI Limited, y la relación del Sr. Andrés Gross con YCRT. Además, reclama que se aclaren posibles acciones judiciales o administrativas iniciadas, así como el stock actual de carbón disponible para exportación y las propuestas recibidas para la compra del producto.

La radical destacó la necesidad de conocer el precio por tonelada de carbón ofrecido por YCRT para futuras contrataciones y el estado de las gestiones para la colocación del carbón en mercados internacionales. También pidió que se informe sobre la cantidad de carbón producido diariamente, diferenciando entre carbón fino y grueso.

“En defensa de la transparencia y la lucha contra la corrupción, es necesario que el Gobierno brinde toda la información y haga públicas las gestiones que lleva adelante para vender carbón de YCRT. También es necesario que se muestren los datos sobre la producción de la empresa y los proyectos que tiene la misma para los próximos meses”, sostuvo la santacruceña.

Reyes apuntó que el proyecto surgió “a raíz de un acuerdo frustrado entre YCRT y la firma israelí TEGI Limited, que buscaba adquirir 30 mil toneladas de carbón a un precio estimado de 2,1 millones de dólares. Según una investigación publicada por el diario Clarín, la operación se habría detenido debido a la intervención de dos personas que exigían una comisión por intermediar en la negociación. Entre los involucrados, se señala a Alejandro Salemne, propietario de un bróker, y a Andrés Gross, vinculado al exinterventor de YCRT, Thierry Decoud, quien fue apartado de su cargo tras conocerse estos hechos”.

“El propósito de TEGI Limited era adquirir un remanente de carbón almacenado en el puerto de Punta Loyola y luego cerrar un acuerdo a largo plazo para la compra de 700 mil toneladas anuales adicionales. Sin embargo, la operación se desestimó debido a las condiciones poco favorables para YCRT”, continuó la diputada.

En su iniciativa, la legisladora de UCR destacó que el delito de tráfico de influencias, como se menciona en el artículo 36 de la Constitución Nacional, atenta contra el orden democrático y el correcto funcionamiento de la administración pública. “La corrupción es una amenaza para el desarrollo de los países y afecta particularmente a los sectores más vulnerables, al desviar recursos públicos hacia intereses privados”, enfatizó.

Y añadió: “Tenemos que combatir la corrupción y esclarecer todos los hechos que se denuncian para evitar que estas prácticas queden impunes y se generalicen. Por eso buscamos garantizar la integridad en la administración pública y proteger los recursos destinados al bienestar de la sociedad”.