Si bien la sesión no está oficializada, el temario incluiría la ampliación del Registro de Datos Genéticos y la entrada y salida de tropas extranjeras que debería tratarse sobre tablas, ya que recién este miércoles se emitirá dictamen en comisión. También un proyecto sobre un marco jurídico a personas que han sufrido mala praxis.
Mientras Diputados espera comenzar con el tratamiento del Presupuesto de Administración Nacional 2025, el Senado intentará avanzar con varios proyectos que cuentan con media sanción a fin de liberar la agenda, por lo que sesionaría este jueves.
Si bien no está confirmada de forma oficial, las autoridades de la Cámara trabajan en la elaboración del temario, que incluiría la modificación a la Ley 26.879, en virtud de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual que cuenta con media sanción desde el 14 de agosto.
Un punto importante que impuso la oposición en la Cámara baja es que la tutela no dependerá del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, sino que continuará en manos de la cartera de Justicia. Sin embargo, funcionarios del Ejecutivo durante su exposición ante el Senado pidieron que se revea el artículo 2 al argumentar que dicha decisión: “Se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo que siga en el Ministerio de Justicia”.
La ampliación del registro tiene como fin contribuir al "esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La eventual sesión del jueves sumaría dos pliegos -con aval de la comisión de Acuerdos- que prorrogan, por cinco años más, a dos magistrados judiciales: el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Sala IV, Jorge Eduardo Morán; y el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Roberto Enrique Hornos.
Por otro lado, la Cámara alta también activará varias comisiones para que emitan dictamen a fin de poder llevarlos al recinto y tratarlos sobre tablas. Una de ellas será el plenario de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores que volverán a poner sobre la mesa el dictamen que autoriza el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales para la realización de ejercicios combinados, contemplando la demora en la materia, ya que cuenta con media sanción de Diputados y el período se inicia a partir del 1ro de septiembre.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de junio en virtud del cumplimiento del inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que la autorización corresponde al Congreso.
“Se autoriza la salida de personal y/o medios del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según correspondiere, para la realización de los ejercicios combinados estipulados en el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas correspondiente al período comprendido entre el 1º de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025”, establece el proyecto.
Además, explica que “la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento y entrenamiento del personal de nuestras fuerzas armadas; profundizando el acercamiento, conocimiento y confianza mutua, incrementando así la interoperabilidad con las fuerzas militares de otros países y la eficacia a la hora de llevar adelante alguna operación combinada en el futuro”.
De acuerdo al texto, se contemplan 15 ejercicios militares, de los cuales uno corresponde al Ejército Argentino, doce corresponden a la Armada Argentina y uno corresponde a la Fuerza Aérea Argentina. Del total de las ejercitaciones mencionadas, seis son de carácter multilateral, ocho tienen carácter bilateral y una, “Passex”, de oportunidad, pudiendo ser bilateral o multilateral según las circunstancias.
Dos de las ejercitaciones “Integración 2024” y “Viekaren”, plantean la atención a una situación de emergencia o catástrofe; seis DE ellos, “Acrux”, “Atlasur”, “Fraterno”, “Inalaf”, “Unitas” y “Cruzex”, son ejercitaciones en el marco de una hipotética misión de la Organización de las Naciones Unidas.
Además, “Operación Formosa”, plantea la integración de efectivos de la Armada Argentina en el empleo de los sistemas de armas utilizados por la Marina de Brasil; “Galapex” establece la organización y empleo de una fuerza multinacional para ejercitar la interoperabilidad de la vigilancia y control de espacios marítimos de interés, y dos de ellos, “Siforex” tiene por objeto incrementar el nivel de interoperabilidad y adiestramiento con foco en acciones submarinas y antisubmarinas, mientras que “Guinex” tiene por objeto trabajar de manera multinacional el control del tránsito marítimo en el ámbito de la ZOPACAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur) interactuando con armadas del continente africano.
Con respecto a “Arandú”, diseña un ejercicio de planeamiento y simulación en el gabinete con medios informáticos de la plataforma del Ejército brasileño: Batalla Virtual. El ejercicio “Atlasur” brinda la oportunidad para compartir experiencias y promover vínculos allende nuestra región por realizarse con la Armada de la República de Sudáfrica.
Respecto del ejercicio “Passex”, constituye un eventual “ejercicio/s de oportunidad”, en el que se realizan actividades básicas de adiestramiento naval cuando una unidad de guerra extranjera efectúa un pasaje por el litoral marítimo argentino durante su traslado, y por ello no especifica fecha de realización, toda vez que la planificación y ejecución de este se encuentra supeditada al eventual paso de una unidad de guerra extranjera por aguas de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina.
Finalmente, el ejercicio “Vinciguerra” permite el entrenamiento de manera bilateral intercambiando técnicas y tácticas de entrenamiento en unidades de elite de la infantería de Marina, mejorando el proceso de planificación, preparación y manejo de riesgo de las operaciones en terreno montañoso propio del escenario austral.
El 20 de agosto pasado asistió el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio, Juan Battaleme, quien volverá a participar esta semana de la nueva reunión. No obstante, errores de cálculo del oficialismo y el rechazo cristinista a dos de los 15 ejercicios imposibilitó la firma de un despacho. De allí la nueva convocatoria.
Otra iniciativa que también votó Diputados es la que lleva el nombre de Nicolás Deanna -víctima de mala praxis-, que pretende establecer un “marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura”, según consta en su primer artículo. Una cuestión delicada que se analizará desde las 10 de este miércoles en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General de la Cámara alta. Algunos legisladores dudan y pedirían convocar a especialistas.