Los diputados porteños volverán a reunirse en el recinto de sesiones a partir de las 11 para actualizar dicho Código: se buscará frenar las construcciones de edificios en barrios de casas bajas, desarrollo de la zona sur y centros de comercios barriales, entre otros puntos.
Tras un mes de debate, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirá este jueves a partir de las 11 en el recinto de sesiones para modificar y actualizar el Código Urbanístico del distrito capitalino, cuyo principal objetivo es el de detener la construcción de edificios en barrios residenciales.
Entre los principales puntos del texto, que debe ser actualizado cada cuatro años por ley, se establece la prohibición de que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana; por lo que las alturas se ajustarán priorizando las escalas barriales y resguardando la identidad de cada zona. No obstante, sobre las avenidas si se podrán llevar adelante estos grandes desarrollos.
El proyecto también busca promover la sustentabilidad urbana y la calidad ambiental del hábitat construido, por lo que cuando se inicie una nueva obra se deberán realizar de manera más permeable, permitiendo el ingreso de aire y sol.
Además, la reforma promueve la conservación y revalorización del patrimonio urbano mediante la catalogación definitiva de 4209 inmuebles con valor arquitectónico, que hoy se encuentran en el catálogo preventivo.
También se buscará incentivar el desarrollo de los centros comerciales barriales y establece un impulso a la zona sur, porque estructura un sistema de incentivos para el desarrollo de construcciones en esos barrios.
Más allá de las modificaciones a dicho Código, la Legislatura porteña también buscará ratificar el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad respecto del traspaso de las líneas de colectivo al distrito capitalino.
El mismo busca ratificar el acuerdo entre ambas partes, mediante el cual se le transfiere la competencia exclusiva para regular, controlar y fiscalizar el servicio público de transporte automotor de pasajeros que opera dentro de su jurisdicción. Esto incluye la fijación de tarifas, la planificación de los servicios y la concesión de permisos.
El acuerdo tiene como objetivo cumplir con la Ley Nacional 26.740, que reconoce la autonomía de la Ciudad para gestionar estos servicios. Se establece un periodo de transición para la implementación total de las competencias, así como la colaboración entre las partes mediante convenios específicos.
Por su parte, el Estado Nacional se compromete a continuar con la asistencia a los servicios públicos de transporte a través del pago de las compensaciones denominadas “Atributo Social”, contemplado en la Resolución Nacional 651/15 del entonces Ministerio del Interior y Transporte de la Nación y 521/16 del entonces Ministerio de Transporte de la Nación, así como el pago de las Comisiones SUBE que se generasen por la aplicación del Decreto Nacional 84/09.