La Cámara baja dio media sanción al proyecto por 137 votos a favor y 92 en contra. Se aceptaron cambios dentro del recinto, a propuesta de bloques dialoguistas.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de abordaje integral del crimen organizado, más conocido como "ley antimafias", impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La votación resultó con 137 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención.
Del texto ingresado originalmente en abril pasado al dictamen salido de comisiones hubo varias modificaciones. Incluso, sectores de la oposición dialoguista llegaron a la sesión con disidencias. Ni bien arrancó el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), informó una serie de cambios a propuesta de Encuentro Federal y otras bancadas.
La iniciativa tiene por objeto "brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves".
Uno de los artículos que se mantuvo tal cual la versión original enviada por Patricia Bullrich fue el que plantea que todo aquel que "tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita" será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.
Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).
El proyecto establece que "la Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial", la que "deberá ser declarada por la autoridad judicial competente". Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.
Si los delitos investigados estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial, la necesidad de una investigación especial será determinada a solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de provincia o jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda en función del territorio, y autorizada por los jueces locales. "Autorizada judicialmente la zona sujeta a investigación especial, las actuaciones pasarán a la justicia federal", aclara.
En los cambios anunciados durante el debate, se sumó que "para la investigación conjunta de los delitos" abarcados en la ley, "la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta".
"También podrá convocar a los ministerios de Seguridad, o con competencia en Seguridad, de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, en forma coordinada y bajo la dirección de la Comisión Investigadora Conjunta, brinden asistencia y colaboración en la investigación", agrega.
Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría. (Foto: HCDN)
Por otro lado, en el tratamiento en comisiones se modificó el artículo referido a "extinción de dominio" por "decomiso anticipado". Según el texto, el juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, "podrá, aun sin condena, decomisar cualquier bien que presumiblemente sea producto de las actividades" ilícitas. Por propuesta del radical Manuel Aguirre, "el bien decomisado pasará de manera inmediata al dominio del Estado Nacional, de las provincias, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los porcentajes de distribución que establezca la reglamentación de la ley".
A su vez, por observación del diputado de Hacemos Coalición Federal Juan Brügge, se determinó que "en caso de condena, el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplirán con la obligación de indemnizar del Título IV del Código Penal de la Nación, hasta el límite del valor económico de los bienes que hubieren recibido por resolución judicial de decomiso anticipado".
En el artículo 4° se estableció que en los institutos de juicio abreviado se aclara que en estos procedimientos judiciales no se aplican los institutos de juicio abreviado, a solicitud de varios de los bloques.
El artículo 6, en su inciso "a" señala que "declarada la necesidad de una investigación especial" las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de CABA podrán "detener a una persona por hasta 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos" contemplados en la ley "con autorización del Ministerio Público Fiscal y en dichos términos, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente". En los cambios en el recinto, se incorporó que esto deberá ser "siempre que exista urgencia fundada".
Además, en línea con el nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe, "cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia transnacional, la detención tendrá una duración máxima de 15 días, prorrogables por igual término mediante autorización judicial".
En el rol de miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) explicó una serie de modificaciones y reveló que todos los ministros provinciales fueron avisados del contenido. La cordobesa apuntó que se eliminarían de la lista los delitos de "amenazas, daños e intimidación pública, porque son delitos comunes y existía la sospecha que fueran utilizados por las organizaciones, y como no es la voluntad de la ley lo vamos a retirar”. También, señaló que se iban a “incorporar correcciones de la comisión interjurisdiccional entre Nación y las provincias”.
Con relación al contenido general de la ley, la bullrichista destacó que se busca “desalentar la integración de estas bandas con el aumento de las penas, sacarle los fondos bajo el decomiso anticipado -porque hacen más obras que los propios gobiernos-, darle un accionar rápido a la justicia y tener un trabajo de coordinación entre provincias y Nación”.
“Pensamos que solo lo íbamos a ver en las películas y uno pensaba que en Argentina no pasaba”, dijo al nombrar bandas delictivas conocidas en el país como “Los Monos” y “la banda de Mameluco Villalba”, y resaltó que utilizan “el terror como moneda corriente, la violencia y pactos de silencios con objetivos mafiosos”.
En contra del proyecto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) consideró que la iniciativa presenta “problemas dogmáticos y de orden constitucional”. En ese punto, indicó que “viola al artículo 18 de la Constitución Nacional y el 8 del Pacto de San José de Costa Rica”.
"Estamos perdiendo una gran oportunidad”, lamentó el massista especialista en seguridad, y ahondó: “Hay fenómenos de crimen estructurado que requieren de nuestro mejor esfuerzo y esta ley no sigue el Protocolo de Palermo”.
Por otro lado, explicó que “en el Código Penal no está determinado qué es una mafia” y “estamos frente a una ley ni-ni: (no define) ni antimafia, ni lo que es una organización criminal". “Los jueces se van a encontrar con seis cosas a verificar cuando para una asociación ilícita (legislación vigente) sólo se tenían que verificar tres requisitos”, detalló e insistió que es “una ley que viola el debido proceso”.
También desde UP, Eduardo Valdés cargó con una serie de críticas hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “¿Le queremos dar super poderes a quien fue la responsable del operativo del 12 de junio en la Plaza del Congreso con brutales actos de represión injustificados y a quien, en pos de buscar impacto en la opinión pública, mintió descaradamente cuando afirmó que habían detenido a cuatro personas que operaban para Hezbollah, pero que fue desmentida por la fiscalía?”.
"Este proyecto de supuesto combate contra el crimen organizado se contrapone con el actual blanqueo impulsado por el Gobierno y aprobado hace dos meses atrás. Me opongo a un proyecto que nada tiene de abordaje integral al crimen organizado y cuyo único fin es otorgarle a Patricia Bullrich, facultades exorbitantes para actuar sobre la propiedad, intimidad y libertad de las personas”, sostuvo.
De la vereda opuesta, la legisladora Silvana Giudici (Pro) afirmó: “Desde el Pro estamos orgullosos y decididos de poder colaborar para que la Argentina sea un país distinto”. Y ratificó que su bloque “va a acompañar las políticas de lucha contra el narcotráfico y de lucha contra el crimen organizado”.
“Esta ley trabaja donde más le duele a los criminales, en el bolsillo. Por primera vez se anunció que no hubo homicidios en Rosario, esto se logró en coordinación con el gobernador de Santa Fe. Es un rumbo para que la Argentina no vuelva hacia atrás”, añadió.
A su vez, desenfundó críticas contra las gestiones del kirchnerismo, al que responsabilizó por “el crecimiento del narcotráfico, la droga y el financiamiento ilícito de las campañas”. “Se les pasaban las mulas por delante de la PSA y cuando no se combate al narcotráfico ocurren casos como el triple crimen de General Rodríguez”, acusó Giudici.
Giudici destacó los cambios en la situación de Rosario y responsabilizó al kirchnerismo por "el crecimiento del narcotráfico" (Foto: HCDN)
A su turno, el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, señaló esta ley “es un aporte significativo y un cambio de paradigma” porque el crimen organizado “produce hechos graves en la sociedad y avanza en el lavado de activos”. Mencionó que estas organizaciones “se consolidan en las periferias de las ciudades” de todo el país.
El legislador ponderó que fueron tomadas como ejemplo la “Ley Rico de Estados Unidos” y “la lucha contra la mafia y la tarea que llevaron a cabo los fiscales sicilianos”. En ese punto, pidió por la creación de “una fiscalía que luche contra el delito organizado para la consolidación de equipos especializados”.
Para terminar, Pichetto confirmó la eliminación de los delitos comunes del dictamen y advirtió: “Hay que mirar un poco al proceso judicial porque hay eventos que me hacen ruido y se debe hacer una investigación para ver qué jueces dieron el beneficio de juicios abreviados”. “Falta que (a narcotraficantes condenados) le den una probation”, ironizó.
En el tramo final, el santafesino Mario Barletta (UCR) ponderó el apoyo a la ley por parte del gobernador de su provincia, Maximiliano Pullaro, quien participó del debate en comisiones. Valoró que desde su llegada a la gobernación “se establece una política que nunca antes se había dado contra el crimen organizado” y se logra que “Nación, provincia y municipio trabajen de manera coordinada, tanto con Rosario como con la capital de Santa Fe”.
“Nunca antes se trabajó en el Sistema Penitenciario” donde “prácticamente eran oficinas de lujo para que los narcos” se organizaran para seguir delinquiendo, subrayó. “Se trabajó con la policía, no sólo en equipamiento sino también en formación”, añadió sobre la gestión de Pullaro. El radical aclaró que “falta mucho, nunca se termina con la lucha contra el crimen organizado”, pero “Santa Fe fue un faro en este sentido y nos sentimos orgullosos”. “El gobernador Pullaro si hace falta va a doblar la apuesta, para lograr la paz y tranquilidad de Santa Fe”, aseveró.
También de la provincia de Santa Fe, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez (UP), cuestionó que desde el oficialismo “vinieron a trazar una línea ‘ellos y nosotros’, que me parece absolutamente innecesaria. No van a encontrar ningún diputado nacional de nuestro bloque que en marzo, en plena conmoción pública como vivió Rosario, haya intentado sacar la más mínima ventaja política”. Y señaló que “con la misma responsabilidad que nos movimos en ese momento y nos pusimos al lado de las autoridades, también queremos decir que hay que ser serios en los diagnósticos”.
“Si algo no permite el combate contra la criminalidad organizada es cantar victoria antes de tiempo”, advirtió y destacó que en su provincia se hayan achicado los episodios de balaceras y la cantidad de homicidios dolosos, pero apuntó: “Ahora, suponer que están desarticulados los elementos que llevaron a tener esas escenas que nosotros no queremos que vuelvan a suceder en Rosario, sería una irresponsabilidad de nuestra parte”.
Martínez aseguró que “esta ley no es lo que está necesitando nuestra ciudad, nuestra provincia”. “Estamos necesitando consolidar en el tiempo una decisión política”, consideró y añadió que “no necesitamos hacer gobernable el delito, sino que el delito desaparezca, que las organizaciones sean desbaratadas”.
Cerró el debate el diputado oficialista Santiago Santurio, quien destacó la decisió politica de atender el tema de la seguridad como prioritario para el Gobierno y la ciudadanía”.
Recordó que Javier Milei durante la campaña planteó que los dos temas fundamentales a resolver eran “el económico y el de la seguridad”. “Toca avanzar en seguridad, que se ha logrado avanzar en 10 meses con grandísimos logros”, resaltó, y remarcó que “tenemos que entender que al crimen organizado y al delito no se le pueden dar ni un centímetro”.
“Es urgente y necesario dotar al Estado de las herramientas necesarias para combatir al crimen organizado”, enfatizó, y a propósito de la visita del presidente Nayib Bukele al Congreso dijo que nuestro país tiene dos caminos: “O se convierte en El Salvador actual o al de hace 6 años, dominado por ‘las maras’”.
“Nosotros no nos podemos permitir que el crimen organizado vaya tomando a la Argentina, por eso es fundamental esta ley”, planteó, criticando en su discurso que no podía permitirse, como se dijo durante el debate, que “los monos son los perejiles de esta historia”, cosa que consideró una falta de respeto. “Hay que hacerlos mierda –remarcó-, no son unos perejiles”.
En otro pasaje reconoció que “hay un momento en el que el crimen organizado se mete en la política”.