La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, presidida por el diputado Daniel Arroyo (UP), se reunió este martes para iniciar el debate sobre las Pensiones no contributivas y el derecho a la protección social de las personas con discapacidad en donde asistieron representantes de organizaciones que explicaron sobre la problemática que están atravesando.

Arroyo informó que también serán ejes de trabajo para próximas reuniones la problemática al acceso a tener el boleto para poder viajar de forma gratuita que “le corresponde por ley porque es un derecho establecido”, y afirmó que harán un pedido de informes al Ejecutivo sobre el tema.

De forma virtual, Amalia Gamio del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU recordó que la Convención es un tratado internacional vinculante para los países que lo ratificaron”, y señaló que Argentina está “retrocediendo respecto de las recomendaciones que le hizo el Comité en marzo de 2023 al regresar el Consejo para la Discapacidad al Ministerio de Salud, eso es un terrible retroceso”.

“Las personas con discapacidad han sido sujetas a grandes inequidades, son más propensas a sufrir pobreza y malnutrición. Tienen menos oportunidades de recibir educación. La brecha con niños con discapacidad que no disfrutan del derecho a la educación es un gran reto 93 millones de niños con discapacidad son los que tiene posibilidad de quedarse atrás. Tienen menos oportunidades de tener empleo y la situación para la mujer es peor”, alertó.

Gamio indicó que en 91 países y territorios de ocho regiones geográficas la relación empleo población de las personas con discapacidad mayores de 15 años es del 36% de media, mientras el de las personas sin discapacidades del 60%.  “La situación es peor para las mujeres con discapacidad, ya que la relación empleo y población de estas mujeres con discapacidad es inferior a lo de los hombres con discapacidad y también tienen menos acceso a servicios públicos”.

“La agenda 2030 establece que más del 80% de las personas con discapacidad viven en pobreza”, advirtió y lamentó que haya una reducción del presupuesto para las personas con discapacidad.

A continuación, disertó la Coordinadora del Programa De Derechos de las Personas con Discapacidad, Belén Arcucci, quien estimó que “para 2025 los recursos asignados para las Pensiones no contributivas que administra ANDIS caen un 39%. Se observa que se proyecta 1.034.447 pensiones, lo cual contrasta con el dato de las pensiones actuales que es 1.212.187”.

“Acumulan una caída del 47% comparando los recursos ejecutados en 2023 y sería el presupuesto más bajo asignado a este programa desde 2018”, criticó y sumó: “La información presupuestaria refleja una caída del 15% en la cantidad de pensiones que se proyectan otorgar comparadas con las que se dieron actualmente”.

Arnucci finalizó: “El 73,75% del presupuesto total de ANDIS, la caída de recursos de este programa explica la caída del 30,5% de los recursos proyectados para el 2025 en el organismo. Los recursos para el programa de atención médica aumentan un 15,85%”.

Gabriela Troiano explicó que la Red por los Derechos de las Personas con discapacidad: “Es una ONG conformada por familiares y personas con discapacidad que viene desarrollando su acción en pos del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina”.

“Este tema de las pensiones no contributivas no es nuevo, ya pasó en 2016. En este año con mayor perversidad. Estamos regresando a un sistema eugenésico porque se piensa que las personas con discapacidad no sirven a la sociedad. Es lo que se plantea hoy desde el Estado. Hay una doble discriminación al no dar trabajo a las personas con discapacidad y sacando las pensiones”.

Troiano aseguró que es “regresivo y perverso porque no se puede garantizar ni la autonomía ni la independencia porque lo toman como un gasto”, y exigió que el Estado cumpla con la Convención a la que está suscripta.

En representación de la Defensoría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Marcelo Greco, señaló que “los organismos específicos de DDHH le están exigiendo a la Argentina que continúe con la garantía de la pensión no contributiva, para los niños con discapacidad”.

En tanto, la abogada especialista en discapacidad y seguridad social, María Daniela Savarese, manifestó: “En este gobierno de ajuste se ve a las personas con discapacidad como un gasto. Esto ya lo vivimos, nada mejoró y ningún proyecto trajo una solución real. Hoy nos convoca nuevamente el mismo tema: la quita de pensiones. Se la considera incompatibilidad con trabajo registrado y no se toma a la pensión como un derecho adquirido”.

El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, consideró: “Se podría pensar en una nueva ley que reconozca la asignación económica para las personas con discapacidad, solucionaríamos muchos de los problemas que están hoy”.

La investigadora del CONICET, María Pía Venturiello, detalló que “de la población argentina solo un tercio tiene acceso al Certificado Único de Discapacidad, que le permite el acceso a los derechos reconocidos. Otro dato adicional: la tasa de empleo es del 32% lo que evidencia la expulsión sistemática de las personas con discapacidad del mercado laboral”.

En tanto, la abogada Celeste Dimegli cuestionó que el decreto 853/24: “Introduce cambios significativos, establece la incompatibilidad laboral entre el cobro de una pensión y un trabajo registrado; esto significa que los beneficiarios no pueden tener un empleo formal mientras reciben la pensión”.

En representación de APDH expuso Claudia Naom quien planteó que “en el modelo social de la discapacidad es responsabilidad de la sociedad. Eliminar las barreras para que las personas con discapacidad puedan incluirse y ejercer su derecho a decidir su propio plan de vida. Con la eliminación de la pensión no se puede lograr eso y se le coloca una barrera más”.

Por último, expuso el psicólogo del equipo de Salud Mental del CELS Joaquín Castro Valdez quien afirmó: “Las personas con discapacidad tienen necesidades económicas diferentes y un costo de vida más alto que el promedio. El contexto económico actual los afecta también de manera diferencial”.