El día 25 de octubre de 2024, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 950/2024, por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional autoriza y obliga a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a impulsar los procedimientos y detalles técnicos necesarios para enajenar los inmuebles del Estado Nacional que no hubieran sido enajenados a la fecha de entrada en vigencia del presente.

La senadora Silvina García Larraburu sostuvo que “la medida alentada desde el Poder Ejecutivo, se justifica bajo la presunta necesidad de engrosar las arcas del Estado y de deshacerse de aquellos inmuebles ociosos, que representan costos y gastos evitables e innecesarios por parte del Estado. Se repite una lógica vieja, un patrón arquetípico de los modelos neoliberales, por medio del cual se rematan los bienes del Estado como medida primigenia, sin contemplar la viabilidad de opciones alternativas de financiamiento, que no comprometan el patrimonio ni los haberes nacionales”.

“Con este proceso de desinversión pública se continúa en la senda de la “motosierra”, comprometiendo a futuro la capacidad del Estado en diversas áreas, entre ellas, la provisión de servicios públicos esenciales”, dijo.

“Con este decreto, el Gobierno de Javier Milei hace oficial el desguace por medio de la venta de más de 300 inmuebles propiedad del Estado. Concretamente, también se reflotan 13 normas firmadas por el expresidente Mauricio Macri entre los años 2016 y 2019, que autorizaban procesos de enajenación de bienes”, remarcó.

Además, agregó: “A este respecto, por mencionar un ejemplo, uno de los edificios que se plantea rematar está ubicado en la Av. Cerviño Nº 3101/67, en Barrio Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este domicilio funciona una sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y trabajan un total de 140 personas. También funcionan allí la Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, Dirección de Relaciones Internacionales, y Dirección de Vinculación Tecnológica. En su interior, se albergan también recursos materiales correspondientes a tecnología, software y hardware de las oficinas que allí funcionan”.

“Este decreto no hace más que exponer al desnudo las verdaderas intenciones del Gobierno nacional: con la aprobación de la Ley Bases, es la AABE quien tiene potestad y derechos de decidir sobre los bienes del Estado. No se requiere más que la firma del responsable, para, en este caso - entre otras consecuencias perniciosas - poner en peligro la fuente de trabajo de 140 personas y facilitar el desguace del Estado por medio de la venta de propiedades valiosas, que en algunos casos tienen utilidades y fines estratégicos, turísticos, culturales, e incluso de patrimonio histórico. Es preocupante pensar que un Decreto de esta magnitud instale una norma que se haga costumbre en las decisiones del ejecutivo”, finalizó.