Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto de ley que establece la obligatoriedad para que los consejeros presidenciales presenten declaración jurada patrimonial. En los fundamentos mencionan a Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei.

La iniciativa plantea incorporar al artículo 1ro. de la Ley 25.188 de Ética Pública dos párrafos. “Se entiende por Alta Dirección Pública a las funciones expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el artículo 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, jefe de Gabinete y ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor rango, asesores o consultores contratados".

En tanto, "cuando la asesoría se realice sobre facultades que la Constitución Nacional confiere expresamente al presidente de la Nación, el/los asesor/es deberán cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”.

Además, se busca sumar un inciso al artículo 5 de dicha ley, para que "todos los funcionarios independientemente de su forma de contratación con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1.500 Unidades Retributivas de Servicios del Sistema Nacional de Empleo Público” queden obligados a presentar una declaración jurada patrimonial.

Los diputados consideraron que "es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no". "No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas de su patrimonio antes, durante y después de su función pública", agregaron.

En los fundamentos, los legisladores del Partido Socialista apuntaron "un caso de resonancia institucional enorme" cuando en el Senado se recibió la declaración del postulante a la Corte Suprema de Justicia Manuel García-Mansilla. "Fue él mismo quien refirió que su cargo le fue ofrecido por una persona en ejercicio de la función pública pero sin designación específica para los roles que desarrolla y sin haber presentado, previamente, su declaración jurada por no ser requerible según interpretación de la propia Oficina Anticorrupción", señalaron.

"Sumado a ello, en fecha 21 de octubre del corriente año, en la entrevista al expresidente Mauricio Macri y transmitida por La Nación +, refirió que 'Javier Milei le cedió casi el manejo absoluto del gobierno' a Santiago Caputo -consultor nivel II-", resaltaron Paulón y Fein.

Para los impulsores de la iniciativas, estas "modificaciones y aclaraciones que promovemos son con el objeto del fortalecimiento del sistema democrático, del control de los actos de gobierno y de los funcionarios públicos que desempeñan tareas de alta dirección en su ámbito de actuación y con la necesidad de escrutinio público permanente".

"Las modificaciones normativas planteadas aquí confluyen hacia la idea de fortalecer e independizar la Oficina Anticorrupción. Al establecerse de manera expresa quiénes son los funcionarios que deben cumplimentar con los requisitos inherentes a su función en el ingreso y, luego, a su salida, permiten a la OA el control patrimonial de quienes asumen responsabilidades manifiestas en el ejercicio funcional del Estado dentro del esquema normativo actual, con la OA dentro del Poder Ejecutivo", completaron.