En la Comisión de Legislación Penal, diputadas del Pro presentaron el contenido de proyectos sobre robo automotor y bloqueo de empresas hechos por personas ajenas a empresas y sindicatos. También, una misionera habló de una iniciativa vinculada al caso de Germán Kiczka.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados llevó a cabo una reunión informativa con el fin de presentar varios proyectos sobre modificaciones al Código Penal de la Nación. En esta oportunidad, fueron explicados los textos sobre portación de armas de fuego en fuerzas de seguridad; robo de transportes; delitos cometidos por empleados públicos durante su mandato; bloqueo a empresas; y actualización de montos mínimos del régimen penal tributario.
El primer proyecto presentado fue el impulsado por la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), quien recordó el caso de Blas Correa, un joven de 17 años asesinado por la Policía en 2020, hecho por el cual hay 11 agentes (2 a prisión perpetua y 9 penas de 5 años) condenados por haber plantado un arma de fuego para simular que existió un enfrentamiento.
En tal sentido, agregó: “Las fuerzas de seguridad plantaron un arma y simularon un crimen, pero una mujer policía decidió contar lo ocurrido”. En relación a esos modos denunciados desde las fuerzas policiales, añadió: “hay muchísimos casos de estas prácticas macabras de la policía y es una práctica diseñada y utilizada por las fuerzas de seguridad, y son hechos utilizados en situaciones que 'se le van de las manos' para lograr impunidad”.
Trayendo a debate la desconfianza de la opinión pública en las fuerzas de seguridad, afirmó que “mucha gente le tiene miedo a la policía”, pero aclaró que “el sistema se erosiona por culpa de algunos”. En ese punto, reiteró la idea de incorporar el nuevo tipo delictivo al que propuso llamar “alteración de escena del crimen por parte de las fuerzas de seguridad”.
Establece, de ese modo, una de 10 a 20 años con inhabilitación perpetua en función pública y tareas de la seguridad privada. Explicó, Brouwer de Koning, que con esas maniobras se busca “perjudicar a terceros y lograr la impunidad”, y aseveró que “no puede ser considerado 'encubrimiento' -tal como lo establece el Código Penal actualmente- porque ya es un atentado contra la función pública”.
“La policía es la primera en llegar a la escena del crimen”, remarcó la diputada radical quien, además, acusó a las fuerzas policiales de operar estas maniobras bajo tenencia de armas ilegales. “Toda la sanción posible contra los policías que no cumplen la ley”, enfatizó.
Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal, destacó la labor realizada en comisiones.
De igual manera, la diputada nacional Patricia Vásquez (Pro) presentó el contenido de su proyecto vinculado a los robos de motos y autos. “A nadie le escapa la realidad que vivimos en la Argentina y es obsceno el crecimiento de robo en auto y moto”, afirmó al mostrarse crítica de la situación en materia de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
En medio del debate presentó datos oficiales de la Superintendencia de Seguros: “El último registro informó que hubo 42.133 robos de autos y 57.137 robo de motos, y el 60% se dio en AMBA”. Agregó, además, que “creció 167% en últimos 10 años”; y en el último año ocurrieron “8.200 de máxima violencia por delincuencia que atracan en moto con 18 muertos”.
“Basta con ver las noticias, en lugares de la provincia de Buenos como La Matanza, Jose C. Paz y Moreno que son ‘tierra de nadie’”, fustigó Vásquez, quien cuestionó la gestión provincial de Axel Kicillof (sin nombrarlo): “La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando se ausenta el Estado, por eso proponemos modificar el Código Penal porque el 98% ocurren en la vía pública”.
En tal sentido, la diputada del Pro reiteró que el propósito de la iniciativa es para “agravar penas por robo automotor”. Asimismo, cargó que el robo automotor, en algunos puntos, “ha beneficiado al mercado legal porque es parte del circuito delictivo”.
“El Código Penal quedó desactualizado y no contempla lo que está pasando y trabajadores que pierden la vida”, señaló Vásquz, quien sugirió que “demos respuesta a la ciudadanía”. En el cierre de su exposición, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, recordó el texto tiene giro a Transporte y por ende, deberá ser dictaminado en reunión plenaria.
En tercera instancia, la diputada nacional Verónica Razzini (Pro – Santa Fé) amplió detalles respecto a su iniciativa sobre bloqueo a empresas y presentó: “Hay organizaciones que se apañan en el derecho a la huelga y cometen delitos” porque “bloquear es delito”, reiteró. A su vez, detalló que “es moneda corriente y son víctimas pymes y trabajadores” y cargó contra lideres gremiales.
En medio de su relato, refirió que los bloques cuestionados “lo llevan a cabo con o sin participación de los empleados de la empresa porque viene gente de otros lugares que no son trabajadores o del sindicato y pudimos comprobarlo”. Llamó a esos bloques como “acciones para negociar con empresarios” a modo de “si haces lo que te digo vas a volver a trabajar”, añadió.
Por último, explicó que “buscamos la figura penal porque cualquier persona va a bloquear empresas y esa es la violencia inaceptable por la que obtienen beneficios”. “Si logramos técnica legislativa clara, cuidamos a quienes tienen derecho a protestar y damos herramientas a fiscales para actuar mejor porque buscamos la prevención”, cerró.
Con referencias al caso del legislador misionero Germán Kiczka, acusado y detenido por presunta actividad dentro de una red de pedofilia, la diputada nacional Yamila Ruíz (FR – Misiones) amplió el contenido de su proyecto referido a elevar penas a por delitos cometidos por funcionarios públicos. En primer término, señaló que “no requiere presupuesto”.
“Es un proyecto sencillo con gran impacto social en materia política y criminal con el fin de devolver al pueblo la confianza en las instituciones”, afirmó Ruíz, quien añadió que “el espíritu es hacer una incorporación al Código Penal para elevar al tercio del minimo cuando el autor de un delito sea una persona que se desempeñe en la función pública o tenga un cargo político”, y concluyó: “Esta reforma contribuirá en recuperar la confianza de la ciudadanía”.
En el final, fue mencionado el proyecto para modificar la Ley 24.769, sobre evasión tributaria y se tendrá a la vista la actualización de montos mínimos del régimen penal tributario del diputado cordobés Oscar Agost Carreño, quien no pudo asistir al encuentro por una demora con el vuelo. En ese punto, Rodolfo Tailhade (UP – Buenos Aires) pidió que vuelva a asesores y refirió que se trata de un mecanismo de actualización porque “hay casos de cárcel efectiva por una deuda de un millón y medio de pesos”, refirió.