Especialistas en seguridad social expusieron este martes ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, a cargo de la radical Gabriela Brouwer de Koning, respecto de las partidas previstas en el Presupuesto 2025. 

El primer orador de la jornada fue Rafael Rofman, economista y magíster en Demografía Social, quien explicó: “Cuando uno habla del presupuesto para la seguridad social es muy distinto a cuando uno se habla del presupuesto de otras actividades del Estado nacional. Porque allí se marca qué se está pensando en términos de política pública. Y la verdad que leer el presupuesto es un poquito decepcionante, porque no dice demasiado; no hay números, hay muy poca discusión sobre qué se quiere hacer con el sistema”. 

Respecto a los bonos extraordinarios para jubilados y pensionados, el expositor recordó que en su presentación ante la Comisión de Presupuesto, el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, apuntó que “están en otro rubro, en obligaciones del Tesoro, pero no en la ANSeS”; por ello “no hay recursos pensados explícitamente en estos términos para el año que viene”. Además, “no está muy claro qué pasa con la moratoria”. 

Rofman advirtió también por “una baja muy fuerte en el gasto de pensiones no contributivas por invalidez” que ronda entre “un 14 a 15%, lo cual parecería incluso que va a haber algún tipo de bloqueo en el otorgamiento; ahí sí habría una decisión política implícita”. “Hay una baja fuerte también en las prestaciones de las fuerzas armadas y de seguridad”, agregó. 

El economista alertó por “una subestimación del gasto del año que viene”, que sube a “23,5% en términos nominales respecto de lo que estimamos se va a terminar de gastar en 2024, pero el problema es que el gasto va a ser más que eso, de 38% si no hay bonos o de 46% más si hay”. 

Rafael Rofman (Foto: HCDN)

Por su parte, el coordinador del programa Justicia Fiscal de ACIJ, Alejandro Gaggero, observó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se trata de “un presupuesto que queda muy lejos de compensar el importante ajuste que hubo en 2024”. Las pensiones no contributivas por invalidez registrarán “una caída real del 39%, pero si calculamos lo sucedido desde 2023 hay casi una reducción de la mitad”, indicó. Aunque aclaró que, siguiendo “las metas físicas, la reducción es mucho menor, de alrededor del 15%”. No obstante, “esta partida va a ser la más baja desde 2018, en un contexto de crisis social muy fuerte”, afirmó. 

Además, sobre lo destinado al gasto social hizo hincapié en “el riesgo que implica que las reducciones sean mayores” por el déficit cero que se propone y las “metas macroeconómicas muy optimistas” que se proyectan. 

Sobre el artículo 68 del proyecto, que plantea desindexar asignaciones familiares, Gaggero opinó que “podría implicar una mayor vulnerabilidad para estas partidas ante, por ejemplo, un aumento de la inflación”. 

A su turno, el economista y profesor de Finanzas Públicas Oscar Centrángolo sostuvo: “He visto pocos presupuestos tan pobres como éste en términos de mensaje”. “Los jubilados están bajo la línea de pobreza; se hizo flexible un gasto que todos pensábamos que era un poco más rígido. Este gasto bajó tres puntos de producto en los últimos años”, resaltó. 

Aunque coincidió con que “el equilibrio fiscal es esencial hoy” y “las moratorias no son la solución para resolver los problemas de los informales”, porque “han sido un parche nefasto, pero un parche que ha resuelto algún problema”, aclaró que “si uno saca la moratoria tiene que ver cómo se resuelve un problema que se resolvió mal por la moratoria. La PUAM bien diseñada resuelve una parte del problema, que es el que no aportó. Pero también está el tipo que aportó 28 años y va a la PUAM, es una barbaridad”. 

Tras preguntas de la diputada Margarita Stolbizer (EF), Centrángolo dijo que “tiene que haber una prestación universal para aquel que no logra una prestación contributiva; la discusión que no está saldada es si es universal o mínima”. 

En otro orden, apuntó que en el Presupuesto 2025 “un tema muy ausente y que va a generar mucho lío son las cajas provinciales, las transferencias que se están debiendo”. “La Nación está en deuda con casi todas (las provincias), con algunas con excusas y otras sin excusa”, añadió. 

Facundo Hernández, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, detalló que “ANSeS concentra el 63% del gasto en niñez y adolescencia previsto en el Presupuesto 2025” y esto asciende a alrededor del 81,4% si se tiene el cuenta el programa Alimentar y Mil Días. “La movilidad de las asignaciones está atada a la movilidad previsional y en el proyecto se desvincula la movilidad de la AUH y las asignaciones familiares”, explicó. 

Habló luego de dos escenarios, el primero, con la inflación que prevé el Gobierno; el segundo, de acuerdo al Relevamiento de Expectativa del Mercado que toma el Banco Central. “En ese contexto, la inversión del 2025, que ya es mucho menor a la que se ejecutó en 2024, tendría una caída del 3,2%”, aseguró. 

Tomó luego la palabra la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, quien ahondó que “las asignaciones familiares de trabajadores formales y no formales subirían 8% y 13% respectivamente en el escenario 1; y caerían 8,3% y 3,8% respectivamente, en el escenario 2. Y ya venimos de una baja del año pasado del 18%”. 

“En 2024 la AUH aumentó un 54% en relación al 2023, y eso nosotros lo saludamos desde la Defensoría, fue muy importante esa suba; pero disminuyeron un 17% las asignaciones familiares”, expresó. Además, sobre la suba de la AUH señaló que habría que analizar “en cuánto ese aumento fue absorbido o no por el proceso inflacionario” sobre todo en los dos primeros meses del año. 

Al resaltar la brecha que hay entre alguien que recibe AUH y Alimentar con los trabajadores formales que reciben asignaciones familiares, y “cobran muchísimo menos que un trabajador no formal”, advirtió que eso “distorsiona la política de seguridad social y el mercado laboral”. 

“Venimos a instar a los legisladores para que eliminen el artículo 68, o por lo menos lo que tiene que ver con infancias y adolescencias, porque desacopla el aumento automático mensual por IPC”, pidió y también reclamó “acoplar los pisos y los techos, el mínimo no imponible de Ganancias y el tope de cobro de asignaciones” porque eso implica que “haya miles de niños que no cobran ni una cosa ni la otra”. 

En su exposición, la funcionaria alertó que en el país hay 8,2 millones de niños que están debajo de la línea de pobreza y 3,2 millones de niños en la indigencia. 

Durante la reunión expusieron además Julio Pérez, de la Izquierda Diario y Federico Despoulis, especialista en Seguridad Social. 

Hacia el final se despacharon un conjunto de proyectos de resolución y declaración sobre cierre de delegaciones de la ANSeS en distintas provincias y pedidos de informes sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otros.