Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento continuará este miércoles analizando una reforma de la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, tal cual se estableció durante la última sesión de la Cámara baja, en la que la oposición forzó un emplazamiento para debatir este tema. Emplazamiento que incluía un cronograma según el cual este miércoles 30 de octubre se debería emitir dictamen.

Esa es precisamente la intención de la oposición, a contramano de los deseos del oficialismo y sus aliados, que preferían extender en el tiempo el debate, de modo tal de que -hay que decirlo- concluyera el período ordinario sin chances de llevar el tema al recinto.

Se había ilusionado el oficialismo con esa posibilidad, ante la gran cantidad de expositores presentados, pero ese no será un impedimento. De hecho, mientras los mismos vayan hablando este miércoles, estará circulando el o los textos de los dictámenes en cuestión.

Durante la última reunión, la segunda, realizada el miércoles pasado, cerca de las 20 se informó que quedan entre 9 y 11 expositores propuestos por la oposición, para hablar, como así también 18 autores de proyectos. Fue por eso que por parte de la oposición el diputado Juan Manuel López pidió modificar la hora de inicio: en lugar de las 17, arrancar más temprano. El titular de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, se mostró afablemente inflexible: “Me secundan dos secretarios muy celosos del reglamento y la convocatoria dice ‘los miércoles tal y tal’… No quiero salirme de allí”. Ahí fue que el jefe del bloque Coalición Cívica dijo que verían de qué manera acotar los discursos para no terminar tan tarde, pero aclaró que podrían circular el dictamen mientras se estaba hablando, cosa que Mayoraz por supuesto aceptó.

Y es lo que sucederá entonces este miércoles, avanzando la oposición en su conjunto con un dictamen que contemple una modificación de la ley elaborada allá por 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que establece que para ser rechazado un DNU deben votarlo en contra las dos cámaras. El texto que la oposición quiere aprobar ahora dirá que alcanzará con el rechazo de una de las cámaras para que se caiga el decreto de necesidad y urgencia, como así también rigurosidad con los tiempos: si pasada una determinada cantidad de días el tema no se vota en las cámaras, el DNU pierde validez.

Entre otras cosas, también se aumenta -según los proyectos puestos a consideración- la cantidad de integrantes de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo: de 12 senadores y 12 diputados, en lugar de 8 y 8.

El oficialismo no quiere saber nada con esta ley y el presidente Javier Milei adelantó que, si la aprueban, la vetará. El Pro, a pesar de haber impulsado en su momento varias iniciativas para reformar este sistema para los DNU, ahora está alineado con el oficialismo, diciendo que con un gobierno tan en minoría, sería muy grave impedirle el uso de esa herramienta.