En el marco de la tercera reunión realizada para debatir el tema, se firmó el texto que habilitó su tratamiento en el recinto, que el oficialismo buscará dilatar. Hubo cuatro dictámenes.
La oposición consiguió este miércoles el objetivo que se había propuesto cuando aprobó un emplazamiento para debatir la reforma de la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. En su tercera reunión, firmó el dictamen que habilitará su tratamiento en el recinto.
Ahora se inicia otra pulseada, en la que la oposición correrá una carrera contrarreloj para forzar un tratamiento que el oficialismo y sus aliados buscarán evitar. Hay tiempo hasta fines de noviembre, cuando concluya el período ordinario.
El dictamen de mayoría obtuvo 36 firmas, correspondientes a Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (el nuevo espacio radical, formado la semana pasada).
Hay además tres dictámenes de minoría: el de rechazo, que tiene las firmas de 9 diputados de La Libertad Avanza (no así las de su aliados del Pro); otro de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, con 2 firmas, y el de Karina Banfi, del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, también con 2 firmas.
El debate
Tras la exposición de los invitados que habían quedado pendientes de las dos jornadas previas, a la hora de la intervención de los diputados, abrió el juego la diputada de UP Mónica Litza, quien resaltó el “desafío” que era tratar la modificación de la Ley 26.122, que “vino a suplir una necesidad y un vacío que había respecto de la reglamentación de los DNU, que fue recogido por la Constitución de 1994”. Tras valorar esa ley que consideró muy importante, llegó hasta el presente, situándose en diciembre de 2023, cuando el presidente Javier Milei “nos sorprendió con el envío a esta casa de un decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos, donde había muchísimas materias que no tenían que ver con la necesidad y la urgencia, y empezamos a poner el foco en cuáles eran los puntos que deberíamos rever y trabajar para que el espíritu de los constituyentes de 1994 pudieran ser reflejados en una herramienta que tiene que tener una utilización mínima, limitada”.
Admitió que el dictamen que estaban presentando podía no ser “perfecto”, pero valoró la importancia de haberse puesto de acuerdo en cosas que consideró “importantes”. En ese sentido resaltó que estaban proponiendo que “ante el silencio de ambas cámaras se derogue el DNU”, y contra lo manifestado durante esa tarde por uno de los expositores, dijo que “el silencio nunca puede interpretarse en forma afirmativa, como hasta ahora”.
Respecto de los plazos, detalló las diferencias que había entre los múltiples proyectos puestos a consideración, habiéndose concluido en que fueran 90 días corridos los considerados. “Es muy importante haberle puesto un plazo”, enfatizó, como así también destacó la asimetría que existía entre el proceso de formación de las leyes y un DNU. “Para que una ley sea ley, necesita la aprobación de ambas cámaras; con el decreto de necesidad y urgencia pasa algo diferente: basta que una cámara lo apruebe para que sea vigente”, destacó.
“Corregimos eso y también si una cámara podía abocarse o tenía que esperar una convocatoria -agregó-. Lo saldamos. Ojalá que pronto podamos llevarlo al recinto y que se convierta en ley”.
Durante el plenario, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer aclaró que firmó con disidencias el dictamen. "La corrección que se está haciendo es la que se debe hacer, pero es insuficiente", consideró.
"La Ley 26.122 no es buena. Y además es inconstitucional. Esto no es desde que gobierna Milei. El uso y abuso de los DNU viene desde hace mucho tiempo. La ley ha sido funcional a todos los gobiernos. Ha permitido atrocidades y un deterioro muy grande de nuestra calidad institucional", observó.
Por su parte, el socialista Esteban Paulón, también miembro de EF, dijo que en caso que este proyecto fuera ley y el presidente lo vetara, él le tiene "mucha fe en la insistencia de esta ley en la Cámara de Diputados", pese a haber fracasado la oposición con los vetos anteriores de jubilaciones y universidades.
En ese sentido, desafió a los legisladores que en el pasado "gritaban desde sus bancas" favor de "la República, la democracia y las instituciones". "Esta vez seguro van a sumar sus votos para que esta ley quede firme", agregó.
En un día especial, por cumplirse 41 años del retorno de los argentinos a la democracia, varios de los diputados radicales comenzaron sus exposiciones con esa referencia y, en particular, las expresiones que durante el día ya habían repudiado del presidente de la Nación, contra Raúl Alfonsín. Lo hicieron Fernando Carbajal, Cecilia Moreau y Karina Banfi, quien consideró “un agravio” los dichos de Mile, que atribuyó a “la ignorancia y los prejuicios”.
Respecto de su posición y el dictamen elaborado por el bloque radical, señaló que “tenemos que buscar ese equilibrio de los pesos y contrapesos que tienen los poderes. Esta reforma hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994 para evitar los excesos del presidencialismo”.
“Esta reforma hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994, justamente para evitar los excesos del presidencialismo”, señaló, remarcando la intención de “normalizar los procesos legislativos, donde se necesiten las dos cámaras para aprobar un DNU, comprometiendo a la Comisión Bicameral con plazos, y darle una lógica a los procedimientos y tratamientos de múltiples materias”.
Desde el oficialismo, el correntino Lisandro Almirón enfatizó: "No podemos dejar pasar por alto la hipocresía". "Parece que tienen la memoria frágil", dijo al recordar que pasaron 12 años desde la reforma constitucional a la sanción de la ley para regular los decretos.
El libertario apuntó que esta reforma se da en un marco de "capricho de sectores del Poder Legislativo". A continuación, denunció una "obstrucción de la gobernabilidad del país" por un acuerdo de espacios opositores que serían "una alianza que en términos electorales jamás se hubiera pensado".
Visiblemente en contra de la reforma, Almirón acusó a la oposición de "ir en contra del cambio que votó la gente" por "egos, vanidades y ventajismo político". Confiado en las elecciones del año que viene, afirmó: "Vamos a ser nosotros mismos con mayoría los que modifiquemos las cosas que dejaron mal".
"No especulen, las elecciones las van a perder en las urnas. Y si llega el veto, bien merecido el veto, por hipócritas, mentirosos y por fomentar la inseguridad jurídica", lanzó.
Para Fernando Carbajal, la 26.122 “fue siempre una mala ley, porque ha permitido que lo que era una excepción, se convirtiera en una regla”. Hizo un mea culpa de las responsabilidades que personalmente le correspondían y admitió que el Gobierno de JxC utilizó esa ley, admitiendo que si hubo algún intento de reforma, “nunca fue planteada seriamente, porque a cualquier oficialismo le gusta tener el mayor poder político”.
“Y es lo que está haciendo Javier Milei, por lo que yo no me voy a poner acá en la posición del gran ético político, que lo censuro a Milei por tratar de mantener esa ley, porque sería un gesto de hipocresía política, porque quienes lo precedieron hicieron lo mismo”, advirtió. Eso sí, aclaró que ha cambiado la correlación de fuerzas, “y esto sí es consecuencia del libre juego de la democracia y las instituciones. Y le guste o no le guste a Javier Milei y a su partido, van a tener que aceptar que esta es la oportunidad histórica para mejorar el funcionamiento institucional”.
La voz de los invitados
Al comienzo de la reunión, expusieron especialistas quienes compartieron su postura sobre la modificación a la Ley 26.122.
El abogado Enrique Hidalgo consideró que “esta ley fue un avance institucional pero también creo que el tiempo que transcurrió autoriza que el Congreso haga una revisión de los efectos de la ley”.
Jorge Enríquez, exdiputado del Pro y uno de los expositores de este miércoles.
En tanto, Jorge Enríquez, diputado nacional mandato cumplido, expuso que “no hace falta modificar la ley totalmente, sino en un elemento esencial”. En este sentido, Enríquez recordó que como diputado presentó un proyecto “estableciendo la caducidad del DNU si no era aprobado expresamente por ambas cámaras en el plazo de 90 días”.
Por su parte, el constitucionalista Maximiliano Toricelli dijo que la “ley tiene serios déficits y demostró que no funciona”. “Es el momento de hacer un cambio, la sociedad está requiriendo consensos básicos para ver qué tipo de República queremos, de qué manera vamos a legislar y qué vamos a dejar para la posteridad”, argumento Toricelli.