Un proyecto que lleva la firma de varios espacios se tratará en un plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo de Diputados.
La diputada Mónica Macha
Las comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirán el próximo martes 5 de noviembre para tratar un proyecto de ley que lleva la firma de distintos bloques y propone una modificación a la Ley 26.485, sobre Protección Integral a las Mujeres. El plenario será a las 12.30 en el Salón Delia Parodi.
La iniciativa está encabezada por la legisladora de Unión por la Patria Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres, pero es acompañada por integrantes del Pro, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
El proyecto plantea incorporar el inciso "j" al artículo 6 de la Ley 26.485, sobre las modalidades en que se manifiesta violencia contra las mujeres.
El nuevo inciso reza: "Violencia y acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral o académico, que consiste en la conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y/o psicológico, efectuado por cualquier medio, de índole sexual y no consentido, con el propósito y/o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer, generando sobre la misma un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo".
"La violencia de género constituye una problemática caracterizada por el uso de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos fundamentales", se enfatizó en los argumentos de la iniciativa.
Además, se recordó que Argentina ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual "representa un compromiso global para mejorar la seguridad y el bienestar en los lugares de trabajo y aborda, entre otras temáticas, el acoso sexual, centrándose en su eliminación definitiva".
"La violencia por acoso sexual en el contexto laboral y académico es una modalidad de violencia generalizada desde años atrás, tanto en la Argentina como en diversos países, y, a la vez, invisibilizada por la sociedad, las instituciones y el sistema judicial. Se ha naturalizado y carece en nuestro país de abordaje legislativo específico", señalaron los firmantes del proyecto.