La denuncia fue impulsada por la Fundación Apolo, que dirige el legislador porteño Yamil Santoro. Allí se afirma que durante su estadía en la Argentina, el expresidente boliviano convivió con menores de edad,y recibía “niñas como obsequios”.
La Fundación Apolo, representada por su director Yamil Santoro, el jefe de legales, José Magioncalda, y con el patrocinio del abogado Ignacio Falcón; denunció penalmente en Argentina al expresidente de Bolivia Evo Morales, por presunta comisión de delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores. La presentación judicial, respaldada por testimonios y publicaciones periodísticas, se basa en los artículos 145 bis, 145 ter, 119 y 120 del Código Penal Argentino.
De acuerdo con la denuncia, diversas fuentes señalan que Morales convivió en Argentina, durante su estadía entre 2019 y 2020, con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales en un contexto que, según testimonios, configuraría un patrón de explotación y abuso de poder. En un testimonio público, Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, denunció que durante sus visitas a Morales en Argentina, observó a menores cumpliendo roles que describió como "serviles" en la residencia del expresidente. Ponce también afirmó que Morales recibía "niñas como obsequios" de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, agregando que este tipo de hechos era ampliamente conocido en los círculos cercanos al expresidente.
Además, la Fundación Apolo recordó que no es la primera vez que el expresidente enfrenta denuncias de esta índole. En 2020, medios bolivianos difundieron información sobre una supuesta relación entre Morales y Noemí Meneses Chávez, una joven que habría tenido tan solo 14 años cuando comenzó una relación con el exmandatario. En el 2020, Migraciones se negó a informar ante el reclamo de Apolo sobre el ingreso de una supuesta víctima de abuso, invocando confidencialidad sobre la información de personas que ingresan o egresan del país. Por ese motivo, se presentó un recurso ante la Agencia de Acceso a la Información Pública que posteriormente fue rechazado.
El texto subraya la gravedad de los hechos y sostiene que estas conductas vulneran no solo derechos fundamentales, sino también normas de derecho internacional en cuanto a la protección de menores y el combate a la explotación y tráfico de personas. Apolo insta a la Justicia argentina a iniciar una investigación exhaustiva que determine si Morales incurrió en acciones punibles bajo el marco legal local y que resguarde los derechos de las posibles víctimas.
