En medio de la parálisis que atraviesa el Senado, con una escasísima actividad de comisiones y el recinto cerrado desde el pasado 26 de septiembre, este miércoles se reanudará el debate sobre la ley antimafias -contra el crimen organizado-, que cuenta con media sanción de Diputados.

Un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por la radical Carolina Losada y el oficialista Juan Carlos Pagotto, respectivamente, se reunirá desde las 13 en el Salón Illia.

Al encuentro fueron invitados Carlos Alberto Manfroni, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad y el doctor Marcelo Luis Serghini, asesor especialista en defensa y seguridad.

Hace tres semanas atrás, la discusión arrancó en esas comisiones con la visita de funcionarios. Se trataron además otros dos temas: la media sanción sobre regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria; e iniciativas sobre un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes, que culminarían en un dictamen unificado. Ambas cuestiones serán abordadas también este miércoles.

El proyecto de ley antimafias, promovido por la ministra Patricia Bullrich, tiene por objeto “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

El texto plantea que todo aquel que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita” será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.
Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario en la Cámara baja los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

El proyecto establece que “la Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial”, la que “deberá ser declarada por la autoridad judicial competente”. Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.

Si los delitos investigados estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial, la necesidad de una investigación especial será determinada a solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de provincia o jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda en función del territorio, y autorizada por los jueces locales. “Autorizada judicialmente la zona sujeta a investigación especial, las actuaciones pasarán a la justicia federal”, aclara.