Con la intención de garantizar la seguridad de los pasajeros, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cuál se buscará que los transportes públicos estén dotados de cámaras de videovigilancia.

De esta manera, el texto establece que “las unidades de Autotransporte Público de Pasajeros (colectivos) bajo la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, deben contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un período cierto, en las condiciones que establezca la reglamentación” e indica que “la misma obligación se extiende al interior de los vagones y estaciones del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE)”.

El documento también establece que “las imágenes obtenidas tienen carácter secreto y que las mismas solo podrán ser requeridas por la autoridad pública, policial y/o judicial que resulte se competente en tareas de prevención y/o investigación y/o juzgamiento de causas penales, contravencionales y de faltas”.

En los fundamentos de la iniciativa, Casielles planteó que “desde hace ya bastante tiempo que los pasajeros movilizados de la Ciudad de Buenos se sienten desprotegidos frente a robos, hurtos y violencia que se generan en las unidades de las líneas de colectivo que cuenta con recorrido único por la Ciudad” y precisó que “hemos visto, recientemente, escenas en la televisión y medios donde se registran robos piraña, hurtos obscenos y robos dotados de suma violencia física y psicológica, ya que nadie espera que estos episodios se desarrollen en la vía pública y mucho menos en los medios de transporte”.

“Hace unos años, el GCBA anunció que estaba avanzando en una instalación completa de cámaras de seguridad en las líneas de colectivo. Sin embargo es nuestro deber transmitir la preocupación de los vecinos de la Ciudad respecto a si efectivamente esto es así, ya que el delito parece no cesar en los ambientes de la movilidad porteña”, continuó el libertario.

Al mismo tiempo que destacó que “esta problemática se ha vuelto cada vez más notoria, donde vecinos víctimas de estos robos en transporte público tienen que defenderse por su cuenta. Al momento de iniciarse investigaciones en torno a estos hechos delictivos, las autoridades judiciales se ven limitadas en su accionar ya que no queda registro porque no hay cámaras en la gran mayoría de colectivos y subtes. Esto quiere decir que esta ausencia de instrumentos genera un escenario allanado para cometer ilícitos”.

“En el marco de un aumento de boletos, tanto de subte como del transporte colectivo de pasajeros, ningún trabajador merece sufrir por el simple hecho de estar movilizándose en un medio de transporte, siendo que es responsabilidad del Estado porteño mantener ordenado y con resortes de contención y seguridad serios”, completó.