En el marco de la delicada situación económica que atraviesa al país, el legislador de Unión por la Patria (UP) y vicepresidente segundo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Matías Lammens, un proyecto de ley mediante el cuál buscará crear un banco de viviendas en alquiler protegido, orientadas a grupos en situaciones de vulnerabilidad y sectores de ingresos medios y bajos.

De esta manera la iniciativa plantea que los alquileres protegidos serán aquellos en los que la fijación del precio de alquiler no podrá superar el 30% del ingreso declarado por el hogar; la actualización, la duración y todos aquellos aspectos que rigen a los contratos de locación habitacional se adecúen a las previsiones que establezca la autoridad de aplicación; y que no se exijan pagos de alquileres anticipados ni de depósitos en garantía.

En cuanto a la creación de un banco de viviendas, el texto establece que en el mismo estarán contemplados los inmuebles provenientes de herencias vacantes, sobre las que el Gobierno de la Ciudad tenga la propiedad plena; los provenientes de contraprestaciones de convenios urbanísticos; aquellos que pertenezcan al Ejecutivo, estén en desuso y que sean susceptibles de ser destinados a vivienda; los provenientes del pago en concepto del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable; entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, Lammens planteó que “es un hecho que en la República Argentina el proceso de inquilinización se ha acelerado en las últimas décadas con un marcado aumento de hogares inquilinos en paralelo a una disminución de los hogares propietarios” y reconoció que “también es un hecho que desde hace 40 años los precios de las viviendas están dolarizados y, como consecuencia, las expectativas respecto del alquiler también tienden a estarlo”.

“La Ciudad no escapa a esta realidad. Hoy, el 36% de los porteños alquilan y se observa una creciente reducción del número de propietarios. La situación de aquellas personas que necesitan acceder a una vivienda digna por medio del alquiler es cada vez más crítica. Quienes demandan viviendas para alquiler residencial perciben ingresos en pesos y no tienen herramientas para equilibrar un mercado distorsionado por estas expectativas. Existen, además, distintos mecanismos de garantía para los propietarios que generan costos adicionales y actúan como barreras de entrada para los futuros inquilinos aun cuando tienen ingresos suficientes para hacer frente al costo del alquiler de una vivienda”, advirtió y planteó que “las condiciones extremas del mercado de alquileres podrían incrementar la vulnerabilidad de determinados grupos y personas susceptibles de sufrir prejuicios y discriminación que actúan como barreras adicionales”.

Sobre esa misma línea, el diputado alertó que “haciendo caso omiso a esta situación, el Gobierno de la Ciudad continúa subastando inmuebles por herencias vacantes que podrían destinarse a dar soluciones en un contexto de crisis habitacional, acentuada por disfunciones del mercado. Según datos proporcionados por el propio Gobierno, en el período 2021-2022 más de 70 inmuebles fueron enajenados en la Ciudad de esta manera, con operaciones realizadas en pesos y en un contexto de caída de los valores de los inmuebles”.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita desarrollar instrumentos para intervenir en el mercado de alquileres. Se ha comprobado que las políticas que intervienen en la demanda sin incidir en la oferta, pueden generar un aumento de los precios. Este proyecto se orienta a intervenir en la oferta de viviendas en alquiler a partir de la conformación de un parque público de viviendas destinado a ese fin”, completó.