El presidente Javier Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo, pusieron en marcha un Plan Combo para coronar el primer año de gestión.

La idea combina condimentos de autobloqueo institucional con autocracia.

Asentados en el analgésico macroeconómico que monitorea Toto Caputo y en la dispersión política opositora, el dúo del poder trabaja para re-prorrogar el Presupuesto 2023 (con las nueve modificaciones presupuestarias ya incorporadas en 2024) y designar por decreto jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos cometidos requieren una condición: que el Congreso de la Nación entre en receso. Y en eso andan.

Este jueves debería haber funcionado la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

A último momento, el funcionario libertario se excusó “por problemas de agenda” y la reunión se canceló sin fecha, “hasta nuevo aviso”. La Comisión de Presupuesto lleva catorce días sin reunirse por el proyecto de Presupuesto 2025.

El proyecto de Presupuesto ingresó al Congreso a mediados de septiembre. Dos meses después, avanzó en carreta, apenas unos pocos metros y sin discusiones de fondo.

El Ejecutivo quiere llegar al fin del año legislativo, que cierra el 30 de noviembre y podría estirarse hasta el 10 de diciembre por una “prórroga de ordinarias”, sin avances significativos en el tratamiento del Presupuesto Nacional.

Sería la excusa perfecta para aplicar el artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, a partir del 1 de enero de 2025. El texto legal no deja dudas: “Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”.

Para designar jueces de la Corte por decreto, el Gobierno ya echó a rodar los fundamentos: “ya lo hizo Macri”, o “no es razonable que la Corte esté durante tanto tiempo con menos integrantes y demore sus fallos”.

Y lo más importante: la designación de los jueces “en comisión” y por decreto, “es una alternativa que se ha usado en período de receso del Congreso”.

Por todos esos motivos, el Plan Combo, que apunta a fisurar la institucionalidad republicana, exige que diputados y senadores no sean convocados a sesiones extraordinarias durante el verano. Que terminen a principios de diciembre y vuelvan recién en marzo.

Ese sería el momento para actuar. En las fiestas de fin de año y a principios de 2025.

Es la misma fórmula que hace unos días reveló el filósofo mayor del cinismo libertario, cuando explicó el ajuste brutal: “Nosotros, en primer lugar teníamos claro que, por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto” (Javier Milei dixit).

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal