Los diputados bonaerenses por mayoría aprobaron activar un “mecanismo de censura” para evaluar las expresiones “negacionistas” del diputado del bloque Libre Guillermo Castello.
Con motivo del tratamiento de un proyecto de ley de la diputada de la bancada del FIT-U María Laura Cano Kelly que declara de bien y de interés histórico cultural y de utilidad pública y sujeto a expropiación a un inmueble sito en la localidad de San Vicente, destinado a la recreación de un "sitio de la memoria en homenaje a Rodolfo Walsh".
Se trata de la última casa propiedad del escritor y militante político asesinado en la última dictadura cívico militar Rodolfo Walsh en la que moró hasta su trágica muerte el 25 de marzo de 1977.
El diputado Guillermo Castello improvisó un discurso en principio contrario a la expropiación propiamente dicha, pero además desplegó una alocución contraria al “relato kirchnerista” que considera “buenos” a los “terrorista” y a “los malos” a “las víctimas del terrorismo” y, al mismo tiempo resaltó ciertas posiciones particulares del propio Rodolfo Walsh que incomodó la platea e hizo reaccionar al presidente de la bancada de UP.
El diputado Facundo Tignanelli consideró “estupideces” las expresiones de Castello e hizo una moción para que la Cámara active un mecanismo de evaluación del comportamiento del miembro preestablecido en el reglamento interno de la Casa.

Representantes de organismo de DDHH y familiares de Rodolfo Walsh presentes durante el debate.
Efectivamente el artículo 212 establece que “en caso de que un diputado incurra en reiteradas faltas graves o faltas más graves que las enunciadas en el artículo o artículos anteriores, a invitación del presidente o a petición de cualquier miembro, la Cámara decidirá por una votación, sin discusión, si eso no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 99 de la Constitución, y en caso afirmativo el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que propondrá la medida que el caso requiera”.
El artículo artículo 99 de la constitución provincial expresa que “cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por dos tercios de votos; y en caso de reincidencia, podrá expulsarlo por el mismo número de votos. Por inasistencia notable podrá también declararlo cesante en la misma forma”.
La moción fue aprobada por mayoría simple y ahora será el presidente del Cuerpo Alejandro Dichiara, a su real saber y entender, quien designe a los cinco miembros que tendrán que dictaminar sobre las “faltas graves o faltas más graves” de las que habla el reglamento y que la Cámara puede llegar a “expulsarlo” con dos tercios de los votos.