El pedido había sido anticipado por la mesa ejecutiva del Pro cuando resolvieron no dar quórum a la sesión de este martes que finalmente se cayó. Otros dos proyectos de interés del Gobierno completan el temario.
Casi de inmediato a conocerse la sesión fallida, la cual había sido solicitada la oposición para reformar la Ley de DNU, el oficialismo e integrantes del Pro, el bloque aliado, solicitaron una sesión especial para el miércoles 20 de noviembre a las 12 con el propósito de avanzar con el proyecto de ley de ficha limpia.
Esto había sido anunciado este lunes cuando la mesa ejecutiva del Pro definió no dar quórum en la sesión especial que se terminó cayendo este martes. Completan el temario, el texto sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia; y el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior.
Acompañaron con la rúbrica este pedido de convocatoria al recinto, los jefes de bancada del Pro, Cristian Ritondo, y de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, más los diputados nacionales Silvana Giudici, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Nicolás Mayoraz, Gabriel Chumpitaz, Ana Clara Romero y Patricia Vásquez, entre varios más.
Respecto al proyecto de ley de ficha limpia, que establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales, impulsado por lo que fue Juntos por el Cambio y avalado por La Libertad Avanza, se espera tenerlo sancionado lo antes posible.
En palabras de integrantes del oficialismo y los bloques aliados, este proyecto apunta para que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.
Particularmente, en su situación actual, la expresidenta Cristina Kirchner (en quien se piensa inmediatamente al hablar de este tema) podría ser candidata. Sin embargo, se espera que próximamente la Cámara de Casación resuelva la revocación, ampliación o confirmación de su condena en la causa Vialidad. Si ocurre esto último, y el proyecto además se convierte en ley en este período legislativo, no podría postularse, en las elecciones del 2025.
En virtud de la iniciativa sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, su propone la modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal, donde se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial.
La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.
En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.
Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.
Finalmente, el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio de la República son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país.
De ese modo, el Poder Ejecutivo Nacional será responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos necesarios para el pleno cumplimiento de este derecho. A su vez, la Cámara Nacional Electoral será la responsable de establecer el número de las mesas electorales de cada sede, respetando el límite máximo de 1.000 electores por mesa.
