Una modificación “polémica” al régimen de la Caja de Previsión Social para Abogados fue aprobada por los diputados que ahora deberá ser considera por los senadores para proseguir su trámite legislativo.
Una modificación “polémica” al régimen de la Caja de Previsión Social para Abogados fue aprobada por los diputados que ahora deberá ser considera por los senadores para proseguir su trámite legislativo.
Desde el bloque de UP se azuzó la idea de avanzar en el tratamiento en el recinto de un polémico proyecto de ley para reducir la “contribución obligatoria” a la Caja de Previsión Social de Abogados que realizan los profesionales en ejercicio.
El oficialismo, luego de sortear una subrepticia discusión interna que se vio reflejada en algunas ausencias notorias, fue acompañado por la bancada de URyF, los denominados libertarios dialoguistas, que conduce el diputado Gustavo Cuervo, se sumaron al “cuartelazo” para lograr la aprobación de la iniciativa.
Se trata de una iniciativa que recibió una moción de preferencia para ser tratada con o sin despacho durante la sesión pasada.
La propuesta, que reconoce la autoría del presidente del bloque de diputados de UP Facundo Tignanelli, pretende derogar un artículo de la Ley N°6.716 del Régimen Legal de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires, que obliga al letrado a contribuir con una “carga económica adicional” del 10% del importe de la Tasa de Justicia.
La contribución que hacen los abogados que se pretende reducir, en la jerga también se la denomina como “sobretasa” de justicia, porque efectivamente se calcula sobre la tasa de justicia que rige en el Poder Judicial, aunque el destino es la Caja de Previsión Social y no el erario público.
El proyecto de ley refiere al actual recargo que existe sobre la tasa de Justicia, el cual será reducido del 10 % al 5 %.
Esta contribución no se destina a la mejora del sistema judicial, sino que se asigna al fondo solidario de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires.
Su pago es obligatorio para todos los ciudadanos como requisito para acceder al sistema de Justicia, y se entiende que esto dificulta el inicio y la continuidad de procesos judiciales debido a los altos costos.
Esto atenta contra el principio de acceso a la Justicia, garantizado en la Constitución Nacional, según se estima.
Por este motivo, la iniciativa aprobada por los diputados tiene como principal objetivo "reducir las barreras económicas que actualmente enfrentan quienes necesitan acceder a la Justicia en la provincia de Buenos Aires".
Asimismo, el proyecto aprobado estipula que los fondos de esta sobretasa deberán ser destinados al pago de prestaciones de los afiliados y no para viáticos, gastos operativos o administrativos.
