La Comisión de Presupuesto y Hacienda volverá a reunirse este martes a partir de las 15, con el objetivo concreto de alcanzar un dictamen que permita el debate del proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2025 este jueves en el recinto. Un fin concreto pero de nada sencilla resolución, según se advierte a partir de las informaciones que provienen de los bloques involucrados en la discusión.

La novedad que asiste a esta discusión es que los bloques opositores parecieran tener mayor preocupación que el propio oficialismo respecto de la aprobación de la ley de leyes. No por nada desde el Gobierno se baja la línea que repite todo diputado al que se consulte, respecto de que no hay ningún inconveniente en que no haya acuerdo y, en ese caso, el Ejecutivo tenga que volver a prorrogar el Presupuesto 2023 votado por otro Congreso, allá por diciembre de 2022. En ese caso, el Gobierno reconduciría el Presupuesto vigente y administraría los recursos con la discrecionalidad que eso prevé. Y sobre cifras que han quedado largamente superadas por la inflación de todo este tiempo.

Los gobernadores son los principales preocupados de la situación imperante. Y fueron ellos los que expresaron sus quejas días pasados en el CFI, cuando en una reunión entre un puñado de mandatarios provinciales quedó claro que ninguno siente que sus planteos hayan tenido eco en el Gobierno.

La oposición tiene plan B para el caso de que no haya acuerdo. Por un lado, Unión por la Patria anticipó el jueves pasado que presentarán su propio dictamen. Encuentro Federal también ha dejado saber que presentarán otro dictamen en minoría, en el que ha estado trabajando Nicolás Massot.

El oficialismo prepara el dictamen propio y espera contar con las firmas suficientes para ser el de mayoría. Pero si eso no sucede, si las negociaciones fracasan, no se descarta que la UCR y el Pro se alineen con sus gobernadores y terminen sumándose al dictamen de Encuentro Federal. Todo eso se irá develándose en el transcurso de este martes.

Actores principales en el fracaso de la sesión especial pedida por la oposición para el martes pasado, los gobernadores sienten que no les han cumplido nada. Quieren incorporar a la coparticipación que reciben el 1,9% de la recaudación para sostener la estructura de la ex AFIP, hoy ARCA. También sumar a la masa coparticipable la asignación específica que establece el impuesto a los combustibles destinado al subsidio del transporte del interior. Es un 2,55% del impuesto a destinado a compensar el transporte y obras públicas. El oficialismo tiene otros fines para ese monto.

También piden distribuir el excedente de los ATN no utilizados, y una compensación referida al Pacto Fiscal de 2017.

Hasta ahora no se han puesto de acuerdo con el Gobierno en nada de esas demandas.

Por lo demás, la oposición insiste con elevar los recursos para universidades nacionales, que el Gobierno condiciona a la eliminación de las PASO, algo que los bloques que definen ya le han dicho que no harán.

¿Habrá dictamen al final del día? Por ahora, eso es final abierto.