La iniciativa fue presentado por el diputado cordobés Juan Brügge, quien aclaró que “no buscamos borrar información relevante ni interferir en el escrutinio público, pero sí proteger a quienes son víctimas de información desactualizada o falsa”.
El diputado nacional Juan Brügge (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley que busca consagrar el "derecho al olvido digital" con el propósito de proteger la privacidad, la reputación y los derechos de los ciudadanos frente a la persistencia de información personal en internet.
La iniciativa establece que toda persona (humana o jurídica) podrá solicitar la eliminación o desindexación de enlaces que contengan datos personales que afecten su integridad o privacidad. No obstante, se excluye información de relevancia pública, histórica, científica o educativa.
Además, la norma propone que las plataformas digitales y motores de búsqueda implementen sistemas accesibles para tramitar estas solicitudes, con la supervisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
Asimismo, el texto pone un énfasis especial en la protección de menores, señalando que los niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables al impacto de la exposición digital. Brügge subrayó que esta disposición está alineada con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Argentina, que resguarda el interés superior de los menores en todos los ámbitos.
El derecho al olvido ya tiene precedentes en el mundo, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, que obliga a los motores de búsqueda a eliminar contenidos cuando afectan la privacidad de un individuo sin un interés público legítimo.
En Argentina, aunque existe la Ley de Protección de Datos Personales (25.326), esta se considera insuficiente frente a las complejidades del entorno digital actual. Casos recientes, como el fallo “Denegri vs. Google”, resaltan la urgencia de establecer normas claras que permitan a los ciudadanos ejercer este derecho.
En tal sentido, el diputado cordobés agregó: “En un mundo digitalizado, una información inexacta o irrelevante puede generar daños irreparables a nivel personal y profesional. Es necesario un marco legal que permita a los ciudadanos corregir estas situaciones”, y agregó que “no buscamos borrar información relevante ni interferir en el escrutinio público, pero sí proteger a quienes son víctimas de información desactualizada o falsa”.
