América Latina enfrenta impactos climáticos crecientes que amenazan los derechos humanos, la biodiversidad y los medios de vida de millones de personas, especialmente de comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y niñas, adolescentes, jóvenes y otras poblaciones vulnerables. Este contexto requiere compromisos firmes y acciones rápidas y justas por parte de la comunidad internacional en la COP29, reconociendo la responsabilidad histórica y la necesidad urgente de justicia climática. Los latinoamericanos en esta COP abogamos por una transición justa que tome en cuenta factores estructurales, priorizando una perspectiva interseccional con los pueblos y comunidades para liderar el cambio desde sus propias realidades y contextos. La transición justa requiere mecanismos financieros basados en subvenciones que no generen nuevo endeudamiento.

Es fundamental integrar de manera transversal la transición en las políticas y programas del Estado. Muchos programas de desarrollo no se integran adecuadamente, lo que dificulta la planificación y coordinación de políticas. Esto implica que los beneficios de una transición justa no se distribuyen equitativamente y que muchos grupos vulnerables quedan excluidos. Es esencial que las políticas se diseñen con los conocimientos tradicionales y las experiencias vividas por las comunidades afectadas. La falta de inclusión efectiva en la toma de decisiones de aquellos/as que están en la primera línea del cambio climático perpetúa desigualdades.

Las ecofeministas del mundo estamos teniendo aquí un rol de incidencia destacado. Nuestro mayor logro de la primera semana de negociaciones ha sido garantizar que se incluya en la resolución de transición justa las tareas de cuidados y a los y las trabajadoras/es informales, siendo que las mujeres somos mayoría en estos grupos.

Argentina, con su intempestiva e inexplicable decisión de retirarse de las negociaciones, se queda fuera del debate para obtener recursos y en los hechos contradice el discurso inicial (que no llegaron a leer) que subieron en la web de Naciones Unidas, donde responsabilizaban de la crisis a los países desarrollados rechazando imposiciones regulatorias.

El año pasado, finalizando la COP28 desarrollada en Dubai, asumía Javier Milei la presidencia de la nación. Autoproclamado ultraliberal y negacionista de la evidencia científica sobre la crisis, que ya afirmaba entonces que son “mentiras del socialismo”. Sin embargo desde entonces hasta ahora, y a pesar de la eliminación del Ministerio de Ambiente, los procesos gubernamentales iniciados a partir de los compromisos asumidos en las Convenciones de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación y el Acuerdo de Escazu continuaron su derrotero, sobre la base de la fortaleza que les otorga su ratificación posterior a la aprobación parlamentaria.

En el contexto de un gobierno negacionista de los derechos humanos y de la crisis climática, el retiro de esta COP y nuestro aislamiento del diálogo multilateral significa para la Argentina una oportunidad pérdida para obtener los recursos que necesitamos para los cambios imprescindibles para evitar y afrontar las sequias, los incendios y las inundaciones que nos están azotando.

María José Lubertino es presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Doctora en Derecho, especialista en Derecho Ambiental. Profesora Derechos Humanos UBA