La ausencia de un presupuesto y las consecuencias de no contar con esa hoja de ruta. Para el autor es “imposible e injustificable” reconducir otra vez el de 2023.
La Ley de Presupuesto es fundamental para la administración del Estado y la planificación de las acciones del gobierno nacional y el de las provincias que componen esta Nación. El Presupuesto es una hoja de ruta que otorga previsibilidad, certeza y orden; gestionar sin presupuesto es una anomalía democrática que no se puede hacer costumbre.
La Ley de Administración Financiera contempla excepciones, incluso podría justificarse lo ocurrido este año, ante la compleja situación fiscal heredada por el Gobierno que recién iniciaba su gestión; pero ¿cómo justificar un año más sin Presupuesto en Argentina? Imposible e injustificable, no existe margen alguno para que en 2025 el Poder Ejecutivo Nacional funcione nuevamente reconduciendo el presupuesto 2023.
Si a pesar de las advertencias se intenta repetir esta maniobra, implicaría que el 70% de los Gastos Corrientes y de Capital se ejecutarían bajo absoluta discrecionalidad del Poder Ejecutivo, con un esquema de modificaciones presupuestarias dispuestas por decisiones administrativas del Jefe de Gabinete de Ministros o por DNU. Forzar la institucionalidad para garantizarse discrecionalidad en el manejo de recursos no es una opción válida.
Se pretende así instalar como hábito un vicio institucional con debilidad democrática y anti republicano. Estas anomalías institucionales son muy similares a las utilizadas en algunas gestiones anteriores, es decir que buscan poner en práctica las mismas políticas que se criticaban en el pasado, en ese sentido la actitud es sumamente similar.
El mandato constitucional exige que sea el Congreso de la Nación el responsable de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración general. Sin embargo, en Argentina transitamos un camino de debilitamiento del rol del Poder Legislativo, que al parecer no logra aprobar el verdadero nivel de gasto, y ahora tampoco la deuda como consecuencia del DNU 846/2024, que habilita al Ejecutivo a realizar canjes de títulos en cualquier moneda, sin pasar por el Congreso.
Sin presupuesto no hay control, no hay brújula ni visión de país compartida. Asimismo, la ausencia de presupuesto también socava los cimientos del federalismo fiscal al no existir un marco claro de distribución de recursos, se genera una incertidumbre que debilita las autonomías provinciales y fomenta la discrecionalidad territorial en la asignación de fondos. Esta falta de previsibilidad en la transferencia de fondos nacionales promueve inestabilidad financiera en las provincias, dificultando la planificación y ejecución de políticas públicas. Además, la discrecionalidad promueve clientelismo político ante la ausencia de reglas claras en la asignación de fondos.
Un nuevo año sin presupuesto aprobado derivará en potenciales conflictos legales entre Nación y provincias ante posibles incumplimientos de leyes y pactos. Por ejemplo, la compensación del Pacto Fiscal firmado en 2017, cuyas actualizaciones no suelen aplicarse con automaticidad y ello genera que los recursos recibidos por las provincias lleguen pérdidas reales; o las asignaciones específicas del impuesto a combustibles utilizadas para financiar el Fondo Compensador de Transporte Público de Pasajeros que fue eliminado, pero el Tesoro se quedó con esa porción cuando y la misma debería ser coparticipable. Ambos son ejemplos de fondos que corresponden por Ley a provincias y el Poder Ejecutivo retiene. Estos acuerdos, entre otros, podrían formalizarse en el Presupuesto 2025 y evitar futuros conflictos legales.
Un federalismo fiscal sano requiere de un presupuesto transparente y participativo, y debe ser un proceso inclusivo que permita a las provincias expresar sus necesidades y participar en la toma de decisiones. Entre las Provincias asoman puntos en común, por ejemplo, la necesidad de priorizar partidas de obra pública y educación, las cuales resultan estratégicas y de elevada sensibilidad para los gobiernos provinciales.
No es una buena práctica que el Presupuesto se haya convertido en una promesa incumplida en forma sistemática, por eso es necesario recuperar el equilibrio de poderes y devolver al Congreso su atribución republicana de controlar y decidir sobre la ejecución del gasto público.
Finalmente, si el oficialismo decide cancelar la discusión en comisiones y el Ejecutivo no llama a extraordinarias para avanzar con su tratamiento, nos queda a la oposición esta semana en la Cámara de Diputados para adoptar una decisión respecto del Presupuesto 2025. Sin Presupuesto, no.
