Los 10 gobernadores dialoguistas de la excoalición Juntos por el Cambio le reclamaron al Gobierno nacional por la aprobación de un Presupuesto 2025 “con equilibrio fiscal”, pero que a su vez “cumpla con la ley”, al resaltar que hoy no disponen “de los fondos que nos corresponden”. 

El comunicado, emitido luego que se cayera la sesión en la Cámara de Diputados por el DNU de canje de deuda, fue firmado por Jorge Macri (Pro-CABA), Leandro Zdero (UCR-Chaco), Ignacio Torres (Pro-Chubut), Gustavo Valdés (UCR-Corrientes), Rogelio Frigerio (Pro-Entre Ríos), Carlos Sadir (UCR-Jujuy), Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), Marcelo Orrego (Producción y Trabajo-San Juan), Claudio Poggi (Avanzar-San Luis) y Maximilano Pullaro (UCR-Santa Fe). 

En el texto, los gobernadores consideraron que “es central la sanción del Presupuesto Nacional”. “Tenemos la firme convicción de que el Gobierno nacional debe contar con esta herramienta de gestión para consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores y, como corolario, crear puestos de trabajo en el sector privado”, señalaron. 

Los mandatarios recordaron que durante todo este año le manifestaron “a las autoridades nacionales nuestra predisposición a alcanzar un acuerdo que garantice el equilibrio fiscal, y que en simultáneo resuelva asimetrías y desigualdades en las responsabilidades gubernamentales de las provincias y los recursos que les corresponden por ley”. 

“En el nuevo contexto, nos hemos hecho cargo de la totalidad de las áreas de gestión, pero no disponemos de los fondos que nos corresponden por ley”, subrayaron y continuaron: “Dicho en otras palabras, no pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley para cumplir con quienes mayoritariamente confiaron en nosotros en cada una de nuestras jurisdicciones”. 

En ese sentido, los gobernadores dialoguistas apuntaron que “este año para las provincias argentinas ha sido el peor en términos de recaudación y caída de recursos desde el retorno de la democracia. A esto se suma que muchos de los gobernadores firmantes asumimos en diciembre del 2023 con herencias de administraciones que durante décadas dilapidaron los recursos de los contribuyentes, situación que nos obligó a hacer extremadamente cuidadosos y austeros con cada peso que ingresa a las arcas provinciales”. 

“Apalancados en las medidas del presidente (Javier) Milei, hemos hecho un fuerte ajuste fiscal, una baja sustancial del gasto político y hemos eliminado privilegios de los presupuestos provinciales que eran irracionales y no tenían ninguna justificación. Esta es una batalla cultural que dimos y damos entre todos, y que merece ser destacada ya que no hay antecedentes en la historia reciente donde el Gobierno nacional y gran parte de los gobiernos provinciales avanzan en la misma dirección por convicción”, destacaron. 

Además, en el comunicado recordaron que “en numerosas oportunidades” le plantearon al Gobierno nacional “la importancia de alcanzar acuerdos” en torno a algunos temas. “A pesar de no haber logrado avances concretos este año, deberían sí ser parte del Presupuesto Nacional del 2025”, pidieron.

Y enumeraron, en primer lugar, la compensación del Consenso Fiscal. “Desde el primer trimestre del 2023 y durante todo el 2024, el Gobierno nacional ha actualizado las transferencias de la compensación en un porcentaje inferior al determinado por ley, generando una deuda para las jurisdicciones beneficiarias que se incrementa mes a mes”, indicaron. 

Respecto de las cajas de jubilaciones no transferidas, señalaron que “las provincias que conservan sus cajas previsionales aportan recursos a la ANSeS, pero el Gobierno nacional ha incumplido con la normativa que lo obliga a financiar las cajas deficitarias. Esto genera una situación de inequidad fiscal entre las distintas provincias, afectando los sistemas previsionales y generando un fuerte pasivo para los Tesoros provinciales”. 

En tercer lugar, sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos, dijeron que “el Gobierno nacional recauda un impuesto coparticipable que tiene una serie de asignaciones específicas para destinos que han sido discontinuados (subsidios al transporte urbano) o cuya ejecución es poco clara. En este marco, dichas asignaciones específicas deberían eliminarse para que se ejecuten en obras prioritarias de infraestructura o en subsidios provinciales al transporte público de pasajeros”. 

“Con la eliminación de los cargos jerárquicos de la AFIP, solicitamos al Gobierno nacional que se reduzca el aporte que realizan las provincias con sus recursos a los salarios y financiamiento de esa megaestructura ahora disuelta. Salvo a las provincias que no hayan convenido tal deducción o cuenten con fallo favorable”, agregaron. 

Según los gobernadores, “estas medidas no afectan el equilibrio fiscal, dado que representan apenas el 0.3% del Producto Bruto Nacional y pueden ser fácilmente compensadas por otros recortes o eliminación de algunas de las excepciones impositivas que, en conjunto, alcanzan tres puntos del PIB. Además, son reclamos que, por las leyes vigentes y las normas y pactos preexistentes entre la Nación y las provincias, deben ser atendidos”. “Creemos que la búsqueda de consensos es la salida a estas asimetrías, evitando así la judicialización de demandas por incumplimientos de la Nación”, manifestaron. 

Finalmente, revelaron que “son cuestiones que hemos conversado con el Gobierno desde el inicio de nuestras gestiones, sin éxito por el momento”. “El equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley. No dejemos pasar esta oportunidad, la mayoría de los argentinos no quiere regresar al pasado, y asumimos nuestra responsabilidad y compromiso para seguir acompañando en este camino”, cerraron.