Previsiblemente, las designaciones para completar la Corte Suprema de Justicia no quedaron fuera del informe brindado este miércoles por el jefe de Gabinete en la Cámara alta. Consultado puntualmente sobre el tema, Guillermo Francos no descartó que una mujer pueda ser propuesta por el presidente para el Tribunal Superior, pero insistió en que el Ejecutivo ya mandó dos pliegos que están puestos a consideración, los de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos y tiene que resolver. Entendemos el reclamo por la presencia de una jueza mujer en la Corte. Seguramente, será un tema que el presidente va a considerar, en el caso de que estos pliegos no avancen”, planteó el funcionario.

Fue la rionegrina Mónica Silva la primera en consultar si desde el Gobierno han pensado en que las bancas deben ser ocupadas por una jueza mujer. En el mismo sentido, el formoseño y ex libertario Francisco Paoltroni sumó: “El pliego de Lijo hace 7 meses está en el Senado y si lo sacan por DNU se estaría burlando la autoridad de la Cámara cuando se resiste a tener dictamen. Es una de las peores señales de autoritarismo y un gravísimo error para la institucionalidad y división de poderes y atenta contra los intereses de todos los argentinos”.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos –Lijo y García Mansilla- y tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de mujer en la Corte”, afirmó Francos.

Sobre la designación de jueces por DNU, el funcionario resaltó que “el bloque de La Libertad Avanza es un bloque muy reducido que no tiene la posibilidad de poder. Le resulta muy dificultosa la negociación para obtener acuerdos de esta envergadura”.

“Así como el presidente Mauricio Macri, en una situación diferente al actual, había efectuado una designación en comisión que rápidamente fue ratificada, yo no descarto y no es que el presidente tenga una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía el presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución de designar de manera absolutamente transitoria ministros de la Corte. Vi hay muchísimos antecedentes tanto en la historia argentina”, explicó.

Así, ejemplificó: “En la Argentina hubo varios presidentes que designaron ministro de la Corte en comisión. Incluso hubo presidentes que tomaron juramento porque la Constitución establece que los presidentes pueden tomar juramento”.

Paralelamente crecen las versiones en Gobierno respecto de la decisión oficial de avanzar con ambos jueces en comisión, para el caso de que el Senado no preste los acuerdos correspondientes. Ante ello, los senadores de Unión por la Patria se pusieron en guardia, y el presidente del bloque Unión por la Patria, José Mayans, le entregó a Francos un documento firmado por una veintena de senadores de su bancada, donde asumen “el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional”.

El citado artículo reza que el presidente “puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.

Para los senadores de UP está bastante claro en la redacción constitucional e interpretación pacífica de la doctrina que el término “empleos” hace referencia “al personal militar y diplomático que depende directamente del PEN, pero que requiere acuerdo del Senado de la Nación”.

Así las cosas, los senadores plantean que el mecanismo de designación de los integrantes de la Corte, en tanto cabeza del Poder Judicial, “es único y está previsto en el inciso 4 del artículo 99, que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inciso 19 del mismo artículo”.

El citado inciso 4 dice textualmente que el presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

Es por eso que los senadores de UP consideran que la designación “en comisión” de un juez o jueza en la Corte “resulta manifiestamente inconstitucional y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país”.

“Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”, concluye el texto que lleva también las firmas de José Mayans, Mariano Recalde, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, José Neder, Sergio Uñac, Mariano Lewandowski, Lucía Corpacci y María Inés Pilatti Vergara, entre muchos otros.