Desde el inicio de este gobierno provincial y en sintonía con sus aliados del gobierno nacional,  docentes y educación pública han sido blanco de ataques sistemáticos. En Entre Ríos, las persecuciones ante reclamos, los pagos mal efectuados y los descuentos exorbitantes e injustificados son claros ejemplos de un plan para castigar a quienes sostienen nuestras escuelas. La rapiña injustificada sobre los salarios de noviembre además constituye una agresión directa a ingresos de por sí insuficientes que  afectan gravemente a su condición de profesional y trabajador/a y desde luego a sus familias. Es urgente la resolución inmediata de este problema que se suma a despojo en programas, parálisis de la obra pública  educativa, lo reiterativo de  malas liquidaciones del salario, la inseguridad a la que están expuestas escuelas rurales y de barrios humildes, sus estudiantes y docentes.

A todo eso se agrega el impulso de Frigerio al proyecto de malas prácticas con descontrol en el uso de agrotóxicos, que afecta la salud de los/as estudiantes y docentes. Este otro daño estructural que promueve el proyecto de ley que cuenta con media sanción desencadena el proyecto de Frigerio, expone a las escuelas rurales. Son sus docentes y estudiantes las víctimas que quieren ser acalladas violentamente por el gobernador que da la espalda al cuidado del que es responsable. Las y los expone a fumigaciones sin control, a lo cual suma a  toda la comunidad educativa a quedar a expensas de  productos tóxicos y peligrosos para la salud. No hay en el articulado de la ley ni una referencia específica que dé cuenta del cuidado de la salud, solo ambigüedad que busca privilegiar el negocio de los laboratorios que los producen y sus socios.

El proyecto se sustenta en el concepto de Buenas Prácticas Agrícolas que no tiene validación científica. En cuanto a las distancias de seguridad para las aplicaciones de agrotóxicos, el proyecto reduce la distancia permitida para las aplicaciones en algunos casos a 15 metros de las escuelas (aplicaciones con drones y mochilas), en el caso de las aplicaciones terrestres y aéreas (dispuestas en el proyecto a 100 y 500 metros respectivamente). Ahora está permitida las aplicaciones a 1000 metros. La idea de que las aplicaciones se realicen los fines de semana o en horario nocturno representa un ocultamiento de las prácticas y no tienen ningún garante de que se realice cuidando a las comunidades.

Además, el proyecto plantea la creación de un Consejo que tendría que decidir sobre la aplicación de estas medidas, pero es una burla al ser tan predominante la mayoría de las organizaciones que ya tiene posición tomada a favor de la aplicación de los agrotóxicos con este formato de achicamiento de las medidas.

Hoy más que nunca, es necesaria una respuesta contundente e inmediata. Docentes de Entre Ríos no merecen más atropellos, persecuciones ni una educación expuesta a las consecuencias del modelo agropecuario que prioriza los intereses de unos pocos sobre la salud y el bienestar de la comunidad.

Es momento de que el gobierno provincial garantice las condiciones dignas para enseñar y aprender.