Reconocer la pobreza como una prioridad central en la agenda política y social es el primer paso hacia su erradicación.
La pobreza es una problemática compleja y una consecuencia estructural del sistema económico y social vigente. En Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el primer semestre de 2024, el 52,9% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza. Esta cifra, según una estimación de la UCA tuvo una breve baja en el tercer trimestre del año y se ubica en el 49,9% aunque no sucede lo mismo en el caso de los niños donde la Pobreza Creció al 65,5%, representa a más de 20 millones de personas que carecen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y 1 de cada 2 niños en situación de pobreza.
La complejidad de este fenómeno radica en su carácter multidimensional. No puede medirse únicamente a partir del ingreso promedio de una población. Ser pobre no solo implica carencia de recursos económicos, sino también desigualdades profundas en el acceso a derechos fundamentales como la tierra, la salud, la educación, la justicia, el tiempo libre y la participación cultural. En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad ineludible de garantizar, a través de políticas públicas inclusivas, un piso real de igualdad que permita diseñar estrategias efectivas para erradicar la pobreza.
Un factor crucial es la desigualdad en la distribución del ingreso. En Argentina, el 10% más rico concentra más del 30% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre apenas alcanza el 1,5%. Reducir esta brecha exige implementar políticas laborales activas que fomenten empleos de calidad y salarios dignos.
Los sectores más vulnerables a la pobreza son los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Según UNICEF, más del 60% de los niños y niñas en Argentina vive en condiciones de pobreza, un dato alarmante que refleja la realidad de Sudamérica: la mayoría de los niños son pobres, y la mayoría de los pobres son niños. Frente a este escenario, es fundamental garantizar la implementación efectiva de los marcos normativos que protegen sus derechos y promueven condiciones de vida dignas.
En el caso de los adultos mayores, las políticas sociales juegan un rol esencial. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, casi un 14% de las personas mayores vive en pobreza, muchas veces enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos como salud y vivienda.
La pobreza también exacerba las desigualdades de género. En 2022, más del 65% de los hogares encabezados por mujeres en situación de pobreza no alcanzaban los ingresos necesarios para cubrir una canasta básica total. Las mujeres, especialmente aquellas que son jefas de hogar, enfrentan barreras adicionales para acceder a empleo formal y redes de apoyo, perpetuando su exclusión y vulnerabilidad.
Por otra parte, las propuestas basadas en el pensamiento económico ortodoxo, que confían en la "mano invisible" del mercado para corregir desigualdades, han demostrado ser insuficientes. En lugar de reducir las inequidades, tienden a profundizarlas al desincentivar la intervención estatal en políticas redistributivas.
Es urgente un cambio de paradigma para enfrentar esta problemática. Reconocer la pobreza como una prioridad central en la agenda política y social es el primer paso hacia su erradicación. Las políticas públicas inclusivas, basadas en evidencia y con un enfoque de derechos, son indispensables para construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Andrés Vallone es diputado nacional (MC)
