Desde que asumió la presidencia Javier Milei, los jubilados/as y pensionados/as fueron la principal variable de ajuste. La jubilación mínima cayó un 5% en términos reales a raíz del congelamiento del bono de 70.000 pesos y el veto del ejecutivo a la fórmula de movilidad que propuso el Congreso para recomponer los haberes.

A esta situación se suma el intento por desmantelar una política de provisión universal de medicamentos, por otra parcial y segmentada, que redujo la cantidad de medicamentos con cobertura del 100%, y ahora argumentando que es necesario establecer el “equilibrio financiero” del PAMI, se le impone a los y las beneficiarias la necesidad de acreditar su condición de extrema vulnerabilidad para recibir su medicación.

Tampoco se puede desconocer que en estos meses se permitió la liberalización de la industria y los medicamentos subieron casi 250%, por encima de la inflación. Toda esta situación sigue reproduciendo imágenes desoladoras en las farmacias del país, en dónde nuestros adultos mayores terminan eligiendo qué medicamentos comprar, qué afecciones tratar.

Por todos estos motivos será elemental que el Senado trate en el próximo período legislativo el proyecto de ley que presenté en abril de este año y se tramita bajo el expediente 553/24, por el cual se establece la obligatoriedad de PAMI de brindar el 100% de la cobertura de todos los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a sus afiliados y afiliadas de 60 años o más.

Frente a la política de crueldad de este Gobierno, debemos volver a afirmar que la salud es un derecho humano y tenemos la obligación de establecer políticas de Estado que lleven tranquilidad y certidumbre a las personas mayores.