Desde la recuperación de la democracia en 1983, nunca antes un presidente había decidido no tener Presupuesto propio durante dos años consecutivos.

Javier Milei termina su primer año de gobierno sentado sobre la vieja ley de Presupuesto del año pasado, a la que tuvo que añadirle nueve actualizaciones presupuestarias aprobadas mediante un decreto de necesidad y urgencia y ocho decisiones administrativas.

Eso le permitió ejecutar -en 2024- un ajuste presupuestario no menor a los 35.000 millones de dólares.

Ahora, el Poder Ejecutivo ha decidido no tratar el proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso. Ante este escenario, la Ley de Administración Financiera es muy clara: “Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior” (artículo 27, Ley 24.156).

¿Cuál es el Presupuesto vigente en 2024? El de 2023, con más las nueve actualizaciones.

Las implicancias de volver a tener un Presupuesto prorrogado son contundentes:

✔El Gobierno contará con recaudación actualizada por la inflación, pero con gastos a “costos viejos”. Eso conduce al ajuste automático de todas las partidas, sin tener que decidirlo explícitamente.

✔Las provincias no tendrán ni una sola nueva obra pública nacional presupuestada en sus territorios.

✔Trece provincias (que no han transferido sus sistemas previsionales a la ANSeS) seguirán sin contar mensualmente con un adelanto de recursos a cuenta del déficit anual de sus cajas jubilatorias.

✔Los gobernadores tendrán que pedirle al Poder Ejecutivo, caso a caso, la aprobación de actualizaciones presupuestarias para afrontar gastos nuevos en sus provincias. En un año electoral, se trata de un recurso político crítico en favor del gobierno.

✔Las retenciones a las exportaciones del campo se congelan en un nivel muy alto para un tipo de cambio atrasado: 33% para el poroto de soja; 12% para trigo y maíz; 31% en aceite y harina de soja.

En consecuencia, la anormalidad institucional que significa no volver a contar con un Presupuesto aprobado por el Congreso, es una jugada planeada por el gobierno nacional para seguir acumulando poder, sostener un alto nivel de discrecionalidad en la asignación de los recursos públicos y profundizar el ajuste.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal