Desde su instauración en 2009, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) han sido objeto de debates y controversias. Aunque inicialmente se las promovió como una herramienta para democratizar la selección de candidatos y fomentar la participación ciudadana, en la práctica han demostrado ser un mecanismo costoso, ineficaz y perjudicial para el sistema político argentino. En este contexto, el proyecto de ley que propondría su eliminación para las elecciones legislativas de 2025 se presenta como un paso necesario para fortalecer la democracia y la representación política.

Uno de los principales argumentos en contra de las PASO es su elevado costo económico. Organizar un proceso electoral de estas características implica un gasto significativo de recursos públicos. En un contexto de crisis económica y urgencias sociales, destinar miles de millones de pesos a una elección que muchas veces no cumple con su objetivo parece injustificable.

A esto se suma que, en muchas ocasiones, las PASO han sido utilizadas de forma estratégica por los partidos para confirmar listas únicas, vaciando de contenido su propósito original. En lugar de ser un espacio de competencia interna, en la mayoría de los casos se han convertido en una simple formalidad que replica la lógica de las encuestas previas. Este uso desvirtuado del sistema genera una contradicción insalvable: se obliga a toda la ciudadanía a participar en un proceso que, en la práctica, no tiene impacto real en las candidaturas finales.

Aunque las PASO fueron diseñadas con la intención de abrir el sistema político y garantizar la representación de las minorías, han tenido el efecto contrario en muchos casos. El requisito de obtener al menos el 1,5% de los votos válidos para acceder a las elecciones generales funciona como un filtro que perjudica especialmente a los partidos pequeños y emergentes. Esto no solo limita la diversidad de opciones electorales, sino que refuerza la hegemonía de las grandes coaliciones, consolidando un sistema bipartidista de facto.

Para los partidos minoritarios, no superar este umbral implica no solo la exclusión de las elecciones generales, sino también la posible pérdida de la personería electoral, lo que los deja fuera de competencia en futuros procesos. Esta situación es particularmente grave porque no responde a un rechazo directo de la ciudadanía en elecciones generales, sino a un mecanismo que favorece a los partidos establecidos y debilita la renovación política.

Además, las PASO han concentrado aún más el poder en las dirigencias partidarias. En lugar de fomentar la competencia interna, estas instancias se han utilizado para cerrar listas únicas y evitar disputas que podrían fortalecer la democracia interna. Este fenómeno no solo desvirtúa la esencia del sistema, sino que también deja a los votantes sin alternativas reales en el proceso de selección.

La obligatoriedad de las PASO para todos los ciudadanos es otra de sus grandes falencias. En un sistema donde muchas veces no hay competencia real, obligar al electorado a participar en una elección que no elige cargos definitivos resulta innecesario y alienante. Este aspecto ha generado descontento en amplios sectores de la sociedad, que perciben las PASO como una imposición más que como una herramienta democrática.

El voto obligatorio en las PASO también genera un desgaste en el compromiso ciudadano con el sistema electoral. La reiteración de procesos eleccionarios en un corto período de tiempo contribuye al agotamiento de los votantes, lo que puede traducirse en mayores niveles de apatía e indiferencia en las elecciones generales, las únicas que realmente definen el futuro político del país.

Argentina cuenta con un sistema democrático representativo consolidado, en el cual los partidos políticos tienen los mecanismos necesarios para resolver sus internas sin necesidad de recurrir a un proceso electoral abierto y obligatorio.

El argumento de que las PASO son necesarias para evitar la discrecionalidad en la selección de candidatos pierde peso cuando se analiza su implementación práctica. Algunos partidos han utilizado las PASO para reforzar acuerdos internos y cerrar listas únicas, lo que desvirtúa su propósito de democratización. En este sentido, la eliminación de las PASO permitiría a las fuerzas políticas concentrarse en fortalecer su organización interna y en promover liderazgos genuinos en lugar de depender de un mecanismo que ha demostrado ser ineficaz.

Derogar las PASO no significa retroceder en términos democráticos, sino avanzar hacia un sistema más eficiente, transparente y representativo. Los recursos que se destinan a este proceso podrían invertirse en iniciativas que fortalezcan la participación ciudadana, como la educación cívica, la digitalización de procesos electorales o el financiamiento equitativo de los partidos políticos.

En lugar de mantener un mecanismo costoso, innecesario y perjudicial para las minorías, Argentina debiera apostar por alternativas que promuevan una democracia más inclusiva y efectiva. La eliminación de las PASO representa una oportunidad para corregir un error y construir un sistema político más acorde a las necesidades y expectativas de la sociedad actual.

Jorge Giorno fue diputado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades, fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), actualmente preside el Partido de las Ciudades en Acción.