Desde su llegada al poder, Javier Milei se presentó como un líder dispuesto a romper con las estructuras económicas y políticas tradicionales de Argentina. Sus promesas de campaña generaron entusiasmo en una ciudadanía agotada por las crisis recurrentes, pero también despertaron escepticismo sobre la viabilidad de sus propuestas. Ahora, al cumplirse un año de su gestión este 10 de diciembre, su administración muestra avances parciales, giros estratégicos y varios compromisos que aún no se han concretado.

Uno de los aspectos centrales de su gobierno ha sido la lucha contra la inflación. Tras un inicio convulso, marcado por una devaluación que elevó el dólar oficial a $800, la inflación comenzó a ceder terreno. Aunque diciembre de 2023 cerró con un alarmante 25,5%, los meses siguientes registraron una desaceleración significativa, hasta llegar a un 2,7% en octubre de 2024, el nivel más bajo en tres años. Este logro se atribuye a un severo ajuste fiscal que incluyó aumentos en las tarifas, la eliminación de subsidios y un riguroso control del gasto público. Sin embargo, el impacto social de estas medidas fue considerable, afectando de manera más pronunciada a los sectores más vulnerables.

El ambicioso plan de dolarización, uno de los ejes más destacados de su campaña, se diluyó rápidamente. Inicialmente comprometido a implementarlo en su primer año de mandato, la escasez de reservas internacionales obligó a Milei a revisar su enfoque. En lugar de una dolarización inmediata, su gobierno optó por lo que denominó “dolarización endógena”, un esquema que busca que la economía se ajuste gradualmente al uso del dólar sin imponer un cambio abrupto. Este giro pragmático evidenció las dificultades de ejecutar transformaciones tan disruptivas sin un respaldo financiero sólido.

En el plano internacional, Milei sorprendió con un acercamiento inesperado a China, un país que había criticado duramente durante su campaña. Las necesidades económicas, especialmente en sectores estratégicos como el comercio de soja, y la importancia del swap de monedas con el gigante asiático, llevaron al presidente a moderar su postura. En contraste, su promesa de trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén avanzó con lentitud y sin mayores resultados más allá de los anuncios iníciales.

El ajuste fiscal, presentado como un golpe exclusivo a la llamada “casta política”, tuvo repercusiones mucho más amplias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias a las universidades se redujeron un 27,9% en términos reales, mientras que el gasto en jubilaciones cayó un 17,5% en el último año. Además, se eliminaron diversos programas sociales y se paralizó gran parte de la obra pública, lo que generó un impacto especialmente severo en las provincias más dependientes de la asistencia nacional.

En el ámbito laboral, el gobierno avanzó con una reforma que busca reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un fondo de cese laboral, inspirado en el modelo utilizado en la industria de la construcción. Sin embargo, esta propuesta enfrenta resistencias significativas y, hasta el momento, no ha producido cambios relevantes en los convenios colectivos.

A pesar de las críticas, algunos indicadores económicos reflejan resultados alentadores. Entre ellos destacan el incremento del salario mínimo medido en dólares y una ligera recuperación del crédito privado. Sin embargo, estos avances se producen en un contexto de recesión y ajustes estructurales que aún no ofrecen señales claras de mejora en la calidad de vida de los Ciudadanos.

De cara al futuro, el gobierno de Milei enfrenta el desafío de consolidar su narrativa transformadora mientras gestiona las limitaciones del poder y las crecientes tensiones sociales. El próximo año será crucial para determinar si logra cumplir con sus promesas más ambiciosas o si estas terminan diluyéndose bajo las presiones del pragmatismo político y las restricciones económicas.

Andrés Vallone es diputado nacional (MC)