La jueza federal Sandra Arroyo Salgado le envió un oficio a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, pidiendo el desafuero y la detención del senador peronista Edgardo Kueider, con el objeto de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”, minutos antes que se comience a debatir su futuro en la Cámara alta en la sesión convocada para este jueves.

En su presentación, Arroyo Salgado pide también la detención de la secretaria del legislador, Iara Guinsel Costa, quien lo acompañaba cuando fue descubierto, y se atribuyó la posesión del dinero. La jueza también anunció que pedirá la extradición de ambos por la vías diplomáticas correspondientes.

El desafuero debe ser resuelto por los legisladores, pues la Carta Magna impide a la Justicia detener a los legisladores nacionales, allanar sus domicilios o lugares de trabajo, o interceptar sus comunicaciones.

Así lo establece el artículo 68 de la Constitución, que establece que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. A su vez, el artículo 69 precisa que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.