El conflicto en el Senado: la expulsión de Kueider y las dudas sobre la validez del procedimiento.
El jueves pasado en el cierre del año legislativo, durante una tensa sesión en el Senado que culminó con la expulsión del senador Edgardo Kueider, surgieron cuestionamientos sobre la validez del procedimiento debido a un posible vacío de poder en el Ejecutivo. La controversia se generó por la ausencia del presidente Javier Milei, quien partió hacia Italia, dejando temporalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel a cargo del Poder Ejecutivo mientras presidía la sesión legislativa. El gobierno ya sabía que perdía la batalla, de una sesión que nunca quiso que se habilitara.
Manuel Adorni, vocero presidencial, aseguró que el viaje de Milei había sido programado y debidamente notificado, pero esta afirmación fue contradicha por fuentes del Senado. Según informaron, la escribanía general de Gobierno recién formalizó el traspaso de mando a las 19 horas, cuando la sesión ya estaba en pleno desarrollo, lo que pone en duda la legitimidad de las decisiones tomadas durante ese periodo.
Los constitucionalistas advierten
Eduardo Menem, ex senador y reconocido experto en el reglamento de la Cámara alta, expresó su preocupación por las implicancias legales de esta situación. “Si se confirma que Javier Milei no estaba en el país al momento en que Villarruel presidió la sesión, cualquier senador, incluido el expulsado, podría solicitar la nulidad del procedimiento. Es un acto irregular que podría ser impugnado”, sostuvo.
Menem también criticó la decisión de no permitirle a Edgardo Kueider defenderse ante la Comisión de Asuntos Constitucionales antes de la votación. “El derecho a la defensa es un principio básico, tanto en procesos penales como disciplinarios. Este tipo de omisiones podrían sentar un peligroso precedente”, advirtió, aludiendo a casos históricos como el del senador Eduardo Angeloz, quien fue suspendido en 1996 pero posteriormente absuelto por la Justicia.
La interna y sus consecuencias políticas
La expulsión de Kueider fue aprobada con el respaldo del bloque oficialista de La Libertad Avanza, pero no estuvo exenta de tensiones y divisiones internas en otros sectores políticos, como el Pro y la UCR. Antes de tomar esta decisión extrema, se habían discutido alternativas como la suspensión del senador o el desafuero solicitado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, en el marco de investigaciones judiciales.
La resolución generó un intenso debate dentro del Senado, y algunos legisladores anticiparon posibles impugnaciones legales. Si estas no prosperan, Stefanía Cora, actual legisladora provincial y figura cercana a La Cámpora asumiría la banca vacante. Este movimiento fortalecería la posición del Frente de Todos en el Senado, que alcanzaría 34 miembros, situándose más cerca del quórum propio y consolidando su capacidad de maniobra en la Cámara alta.
Un precedente a tener en cuenta
Este episodio deja en evidencia las tensiones entre las distintas fuerzas políticas, así como las controversias que pueden surgir ante vacío de poder y procedimientos cuestionados. Más allá de las consecuencias inmediatas, lo ocurrido podría convertirse en un caso emblemático para el debate sobre el respeto a los derechos constitucionales, el debido proceso y la dinámica de poder en el Congreso.
La incertidumbre sobre la validez de la sesión y el futuro político del Senado abre un nuevo capítulo de desafíos para la administración de Javier Milei y los bloques opositores, marcando un inicio de gestión cargado de conflictos institucionales y desafíos legales.
Andrés Vallone es diputado nacional (MC)
