La diputada nacional Roxana Monzón (UP – Buenos Aires) presentó un proyecto de declaración para repudiar al DNU 1094/2024 por el cual el Gobierno nacional eliminó el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la Comisión Nacional de Coordinación, el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito y el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.

Tal decreto de necesidad y urgencia fue publicado el pasado 12 de diciembre en el Boletín Oficial. Desde el Poder Ejecutivo Nacional argumentaron que tales organismos le costaban al Estado nacional cerca de 2.600 millones de pesos por año. Asimismo, a través de este texto, rechazan “la decisión de dejar en situación de disponibilidad al personal dedicado a las tareas vinculadas con este programa”.

Dentro de los fundamentos, la diputada bonaerense señaló que estos programas cumplían una función “central para sostener la armonía y la paz social que requiere todo sistema democrático en el que la convivencia y la tolerancia son fundamentales para garantizar la libertad y el desarrollo personal de los habitantes de una nación”.

“El antecedente de la crisis del 2001 con niveles de desocupación y pobreza nunca antes vistos, producto de un modelo económico basado en el endeudamiento externo desenfrenado, el desmantelamiento del aparato productivo nacional y la especulación financiera, similar al que está aplicando el actual gobierno nacional, exigió un conjunto de políticas públicas activas para enmendar el daño social que produjo”, referenció.

Por otro lado, habló del proyecto de ley de presupuesto 2025 que quedó sin ser tratado en la Cámara de Diputados: “No es de extrañar que un gobierno representativo de una elite rentista, sin conciencia ni compromiso social, confronte con las políticas públicas dirigidas a construir redes de contención y acompañamiento a los sectores menos favorecidos de la población”. “El proyecto enviado al Congreso por el poder Ejecutivo refleja este desprecio por las políticas sociales y la función equiparadora del Estado”, aseveró.

Por último, Roxana Monzón cuestionó: “Hay una reducción alarmante de los recursos públicos destinados a acompañar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, necesidad o pobreza, que a esta altura del año son el 66% de los niños y niñas de nuestro país y el 53% de los adultos, de los cuales el 20% se encuentra debajo de la línea de indigencia”.