El primer mandatario las enumeró durante su primer discurso en el Congreso de la Nación. Sin embargo, por distintas razones, esa casi decena de propuestas quedaron en veremos.
Ya es historia que el presidente de la Nación, Javier Milei, dio su primer discurso -ni bien asumió como tal- fuera del Congreso de la Nación, a espaldas del palacio. Pero volvió tres meses después al recinto de la Cámara de Diputados, donde había recibido los atributos presidenciales, para la tradicional apertura de sesiones ordinarias, donde sí pronunció esta vez su mensaje ante diputados y senadores.
Allí, como suele suceder en esas ocasiones, habló de iniciativas legislativas que mandaría al Parlamento a lo largo del año. Las definió como “leyes anticasta”, y las enumeró. Eran ocho, que por diversas razones quedaron en el camino.
Promediando su mensaje, Javier Milei expresó, entre aplausos y cánticos de sus militantes: “Quiero compartir algunos de sus componentes” y anticipó las propuestas que el Gobierno mandaría al Congreso.
El presidente en su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
Recordemos que por entonces ya había mandado su proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el cual había tenido un fracaso inicial, que obligó a repensar la iniciativa y reanudar su tratamiento semanas después de ese discurso en el Congreso.
En primer lugar, Milei ratificó uno de los artículos redactados en el trunco proyecto de ley ómnibus inicial: “Eliminaremos jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes”, comentó Milei en referencia a una de las partes de la ley de Bases que quedaron rápidamente descartadas de ese primer texto. Si bien fue muchas veces mencionado el tema, lo único que se hizo al respecto fue que el presidente renunciara anticipadamente a su futura pensión como tal y, por otras razones, suspenderle en noviembre pasado a Cristina Fernández de Kirchner el cobro de su jubilación de privilegio, como así también la pensión que cobraba de su marido fallecido. Fue en razón de la ratificación de su condena a 6 años de prisión, por parte de la Cámara de Casación, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
A continuación, el presidente enumeró una serie de medidas que apuntaban al ámbito laboral en general y a los referentes sindicales en particular. Ya había sufrido Milei el primer paro nacional de las entidades sindicales y a los dirigentes sindicales dirigió su primera medida al anunciar que “obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral”. En ese sentido anticipó que esa ley limitaría sus mandatos a 4 años y con topes de una sola reelección posible.
Esa propuesta fue analizada a lo largo de buena parte del año en la Comisión de Legislación del Trabajo que conduce Martín Tetaz, hasta que el oficialismo resolvió, a fines de septiembre, frenar el dictamen de reforma sindical que se encaminaba hacia el recinto. El Gobierno acababa de establecer un acuerdo con la CGT y decidió evitar dañar esa relación, por lo que vaciaron ese 24 de septiembre la reunión de comisión que estaba prevista para esa jornada. Así y todo se insistió con el tema y finalmente el 19 de noviembre el proyecto de democracia sindical naufragó al no reunir la cantidad de firmas necesarias para el dictamen (16).
A lo largo del año se intentó avanzar con leyes de democratización sindical, que quedaron en el camino.
No obstante, Tetaz hizo un último intento por llevar la reforma sindical al recinto, amparado en el reglamento y con antecedentes que supuestamente lo avalaban, pero la sesión convocada para el 26 de noviembre no se concretó.
El presidente anunció también el 1° de marzo que “los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre de una empresa primarán sobre los convenios colectivos del sector”. Y agregó, en el marco de la apertura del 142° período ordinario “Vamos a terminar con las condiciones laborales que define un señor detrás de un escritorio, el cual no trabaja hace 30 años”.
En rigor, hubo una reforma laboral que se aprobó en el marco de la Ley de Bases, que incluyó cambios en las indemnizaciones, nuevas relaciones entre empleadores y empleados y blanqueo de trabajadores. En ese marco, se estableció que se podrá contratar trabajadores sin relación de dependencia como colaboradores. En definitiva, no era específicamente lo que mencionó el presidente en ese primer discurso.
Dentro de ese paquete de leyes anunciado por Milei, figuraba que “las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales”, tales las palabras del mandatario ese 1° de marzo. Estaba hablando de ficha limpia, una propuesta impulsada por la oposición dialoguista, que tuvo dictamen pero las dos veces que se convocó para su tratamiento en el recinto, fracasó por falta de quórum. La segunda, con la ausencia de un número importante de diputados oficialistas, lo cual provocó el enojo de sus aliados del Pro.
La sesión por ficha limpia fracasó dos veces por falta de quórum.
Ante la gran reacción adversa, el presidente anticipó el envío de un proyecto nuevo de ficha limpia que ni siquiera se incluyó para extraordinarias.
En la apertura de sesiones ordinarias, Milei también había prometido que “todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio por haber sido funcionario”. Como ficha limpia, esa instancia no llegó a tratarse, aunque podría decirse que se incluyó de hecho con la medida adoptada por la ANSeS con la expresidenta Cristina Kirchner y sus jubilaciones.
También Milei dijo en marzo pasado que “reduciremos drásticamente la cantidad de contratos para asesores de legisladores”, asegurando en tal sentido que “arman PyMEs con los recursos de los argentinos”. Ese proyecto tampoco fue presentado.
Con relación a la administración pública, el presidente anticipó que “se descontará la jornada del sueldo a los trabajadores del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro”. El Gobierno impulsó propuestas para declarar a la educación como servicio esencial, y tuvo media sanción en Diputados, más no puntualmente una iniciativa como la citada, aunque el Gobierno la aplicó por decreto cuando sucedió.
Por último el mandatario habló de eliminar la financiación de los partidos políticos con fondos públicos. Esa propuesta figura en el proyecto que el Ejecutivo mandó al Congreso y que iba a incluir en extraordinarias, pero no llegó a tratarse.
Las leyes “anticasta”