El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este jueves el despido de un centenar de trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), que quedará reducida a unos 40 empleados. Se trata de un organismo que para el Gobierno fue creado por el kirchnerismo “para doblegar al periodismo independiente”.

“Desde su creación en 2009, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias (muchas repetidas con el mismo texto por centenas) en contra de periodistas críticos del kirchnerismo”, precisó el funcionario a través de X, donde destacó que “entre otros dislates, este cuerpo tenía un estudio de televisión portátil con el que se recorría la costa en temporada estival, invitando a los chicos a participar en un adoctrinamiento en contra de los críticos del kirchnerismo”.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual fue creada por la Ley de Medios aprobada en 2009 durante la gestión de Cristina Kirchner, y tenía por objeto recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de radio, televisión y otros medios. “La resolución 107 baja la planta de 144 empleados a 40, aliviana la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución”, expresó este jueves Sturzenegger.

Especialista en medios, la diputada del Pro Silvana Giudici destacó que este organismo creado por la Ley 26522 fue, desde su concepción, una herramienta destinada al “monitoreo y tutelaje de las audiencias”. Agregó que el origen, implementación y crecimiento exponencial del organismo “siempre estuvo reñido con la libertad de expresión, agravándose inconstitucionalmente además, a partir de la creación de Nodio, un ‘observatorio’, que intentó extender el control de contenidos periodísticos a las redes sociales”.

Para Giudici, es una “excelente noticia la no renovación de un centenar de contratos de amigos, militantes y parientes de las ex titulares del organismo”.

Empero, advirtió que el debate debe ir más allá: “Debemos disolver el organismo para eliminar definitivamente la supervivencia de ideas antiguas y totalitarias sobre el control de la tarea periodística o de la intervención del estado sobre la formación de la opinión pública”, sostuvo la diputada del Pro

“Espero que durante el próximo año parlamentario podamos tratar el proyecto que presenté ni bien asumí nuevamente como diputada. La 26.522 debe ser modificada a fin de barrer cualquier vestigio de imposición de hegemonía estatal sobre la comunicación social, la libertad de elección de las audiencias y la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos”, concluyó Giudici.