Los legisladores bonaerenses agendada la última sesión del año para este viernes para tratar el Presupuesto General de Gastos y Recursos conjuntamente con la Ley Impositiva.
No es mucho lo que muestran en materia de acuerdos los legisladores que, a estas alturas de los acontecimientos, se muestran contrariados y confundidos, mientras el gobernador Axel Kicillof espera revertir una situación que se presenta límite con la legislatura, en lo que sería el arranque de su segundo mandato.
En el comienzo de la jornada no parece alentador, los senadores tenían previsto reunirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para emitir dictámenes de unos 206 pliegos de funcionarios judiciales que están en ese organismo a la espera de ser tratados en el recinto.
Pero la Comisión con comanda el senador oficialista Emmanuel González Santalla junto a los oficialistas que conforman mayoría pero no a los opositores y por lo tanto decidió pasar a cuarto intermedio hasta el 11 horas del jueves.
Siguen los pases de facturas por incumplimiento en dos estamentos claves como es los Fiscales de la Casación Penal platense, en rigor bonaerense, y la designación de un Fiscal General en departamento judicial de San Nicolás. Pero al parecer son dos muestras de un estado general de situación de desencuentro entre oficialista entre sí y con opositores.
Las relaciones quedaron algo resentidas luego de la frustración de la semana pasada, pero, de todas formas, hay voluntad de intentar nuevamente la posibilidad aunque se pueden observar espíritus agotados y escépticos rostros de mira perdida.
No obstante, el gobernador Kicillof parece haber desplegado una ofensiva por horas al mismo tiempo que los legisladores muestras buena disposición, empero, cuesta creer que lo que no se hizo con paciencia en tiempo y forma termine definiéndose en un abrir y cerrar de ojos.
Tal como se viene informando, la legislatura convocó para este viernes a las dos Cámara con la idea de considerar, y eventualmente sancionar, los dos proyectos de ley “de gestión”, como esquema de mínima, el presupuesto y la impositiva; luego a parecen un conjunto de proyectos posible de ser considerados por ambas cámaras difícil de imaginar que efectivamente en esta instancia, finalmente sean considerados.
El proyecto de Presupuesto General 2025 girado por el Ejecutivo prevé un cálculo de gastos por 34,3 billones de pesos. Incluye una autorización de endeudamiento de 1,1 billones, que necesita de los dos tercios de ambas Cámaras.
En el articulado de la iniciativa se incluye la renovación de las leyes de emergencias administrativas, económicas, en seguridad e infraestructura con las que viene gestionando Kicillof desde que asumió, en 2019.
La Ley Impositiva prevé topes de aumento del 28 por ciento en el impuesto inmobiliario y del 20 por ciento en el caso del Automotor, mientras que Ingresos Brutos y Sellos se mantendrán igual.
La oposición reclama que el techo de incremento para el Inmobiliario Urbano sea de 28%, como así también la eliminación del artículo 163 que otorgaría “facultades delegadas” a ARBA para efectuar subas de hasta el 100%.
Las propuestas, que ingresaron por la Cámara de Diputados, prevé un déficit primario de 628.680 millones de pesos, un déficit financiero de 1.486.271 millones y autorización para tomar nueva deuda por 1.156.806 millones de pesos.
Un punto central de la negociación en la legislatura es que inclusión de un fondo adicional de fortalecimiento de las finanzas municipales que refuerce los recursos propios y los coparticipables automáticamente.
El fondo puede ser o no de libre disponibilidad en su totalidad y el monto que se ventiló de ese posible fondo dista mucho entre las partes.
Mientras que desde el gobierno admiten la posibilidad de un fondo de libre disponibilidad de algo menos de 200 mil millones de pesos; intendentes y diputados que participaron de las últimas negociaciones próximas pasadas, en cambio, difundieron la idea de incrementar un punto porcentual la masa coparticipable, pasar de 16,14 a 17,14 la coparticipación secundaria, y crea un fondo específico para seguridad, lo que según sus propias estimaciones alcanzarían uno 700 mil millones de pesos entre ambas cuestiones.