El Poder Ejecutivo mandó a mediados de 2024 un proyecto de ley para llevar la edad de imputabilidad a 13 años. El mismo fue debatido por cuatro comisiones de la Cámara baja, que se reunieron siete veces. Todas las reuniones fueron informativas y no llegaron a dictaminar.
El episodio aberrante en el que una banda de mayoría de menores asaltó y torturó a una anciana, y luego se sacó una selfie con ella.
Causó estupor en las últimas horas el caso de una jubilada que fue víctima de un robo por parte de delincuentes que, en el extremo de la crueldad, tras maniatarla y golpearla en su domicilio de Vicente López, se sacaron una selfie que subieron a las redes, donde la mujer de 93 años se veía maniatada. Fue el colmo de la aberración que ya de por sí representó todo el episodio, pero a su vez lo que llevó a la policía a detenerlos.
Eran cuatro los despiadados malvivientes, tres de los cuales eran menores que, en consecuencia, quedaron rápidamente en libertad. Más allá de que el tema queda en el fuero de responsabilidad juvenil y es probable que finalmente se produzca su detención, por la repercusión que tuvo el caso.
Esa misma repercusión es la que lleva a preguntarse qué pasó con los proyectos para bajar la edad de imputabilidad, que con muchos bríos el Gobierno había impulsado el año pasado en el Congreso y que sin embargo no pudo llegar al recinto de Diputados siquiera a lo largo de 2024.
Vale refrescar entonces el recorrido que el proyecto tuvo durante el año pasado, luego de un hecho conmocionante como fue el asesinato de un playero en Rosario a manos de un menor de edad. El crimen ocurrió en marzo del año pasado, cuando Bruno Bussanich fue asesinado de un tiro por un menor de 15 años, tan solo para mandar un mensaje en el marco de la guerra narco que embarga a esa ciudad. Fue ahí que el vocero presidencial Manuel Adorni posteó en su cuenta de X este mensaje: “Delito de adulto, pena de adulto”, pero dado lo que terminó sucediendo sonó como una expresión de deseos. Aun cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció entonces que ya estaban enviando al Congreso de la Nación la ley de imputabilidad, “para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.
Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para… pic.twitter.com/fEZ9El54Cw
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 29, 2024
Puede que se haya cortado sola la ministra en esa oportunidad, pues el tiempo pasó sin que hubiera novedades. Recién el 1 de junio siguiente el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, que en el mes de enero había hablado de la elaboración de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, anticipó que la propuesta oficial sería de bajarla a 13 años, “sobre todo teniendo en consideración que los últimos dos meses que estábamos trabajando en la materia y estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años”.
Pero siguió transcurriendo el tiempo, ya que el proyecto recién se presentó en sociedad a fines de ese mes. El 28 de junio de 2024, Patricia Bullrich y Cúneo Libarona presentaron el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil que sería enviado al Congreso y que comprendería a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo ese día la ministra Bullrich.
La presentación del proyecto del Poder Ejecutivo, a cargo de los ministros Cúneo Libarona y Patricia Bullrich.
Qué dice el proyecto
El proyecto recién ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de julio, con la finalidad anunciada de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito”, expresa el texto que todavía es debatido en Diputados.
El proyecto aclara que “desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales, los ordenamientos locales y demás normas de aplicación”. Agrega que “el juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por los adolescentes”.
Entre las medidas complementarias para los adolescentes, figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras.
El proyecto prevé que “si el adolescente careciera de grupo familiar o si éste resultara inconveniente y perjudicial para su interés superior, el juez deberá dar intervención a la autoridad competente en protección de sus derechos". "En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima”, suma.
Respecto a las penas, “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión” por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.
El debate en comisiones
Habrá que reconocer la voluntad original de los diputados en avanzar sin demoras con esta iniciativa, por cuanto el análisis del proyecto del Ejecutivo se hizo en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. Porque bien se sabe que cuando la voluntad es demorar, el proyecto en cuestión se trata por separado.
En este caso el debate arrancó el 31 de julio pasado, con la presencia del secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto. También participó el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer. Ese mismo día Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión cabecera, Legislación Penal, detalló cómo seguiría el debate: el 6 de agosto sería el turno de los autores de proyectos para explicarlos y el 13 de agosto se iniciaría la ronda de expositores invitados. Eso se cumplió, y el 20 de agosto se realizó la cuarta reunión, oportunidad en la que varios autores de iniciativas continuaron detallando sus proyectos. Se percibía para entonces que la edad preferida por los legisladores como límite para la baja era de 14 años.
Hubo siete reuniones en las que se debatió la baja de edad de imputabilidad.
En esa jornada, el presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, Germán Onco, aportó que desde el CAD (Centro de Atención y Derivación) “el 30% de los adolescentes tiene más de dos ingresos, el 2,5% ya ha ingresado hasta diez veces y el 60% vive en otra jurisdicción”. Y sugirió fijar la edad en 14 años porque “hay muy pocos casos de 13 años en el CAD”. “Esto es para que el adolescente internalice que ha cometido un delito y a través de programas del deporte y la cultura pueda llevar a cabo su reinserción”.
A su vez, María Alicia Tulián, jueza de Control, Niñez y Adolescencia Penal Juvenil de Córdoba, manifestó: “No es posible tratar igual a quienes están en diferentes condiciones, y niños y adolescentes no están en mismas condiciones que adultos”. Reveló que “el 1% de adolescentes de Córdoba solo tuvo contacto penal y el 0,01 están entre los 13 y 14 años”.
Hubo tres reuniones más del plenario para tratar este tema: los días 28 de agosto de 2024, el 3 de septiembre y el 23 de octubre. En esa última reunión -tras varias semanas de impasse- hubo otra tanda de especialistas invitados y desde el oficialismo se informó sobre el costo fiscal de la iniciativa: más de 200 mil millones de pesos. En ese presupuesto se contempla la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores que deberán intervenir en procesos penales que tramiten en el fuero federal y penal, tomándose como referencia para la base de cálculo el flujo de causas correspondientes al año 2022.
Se contempla también el costo de los programas incluidos (como medidas complementarias para la reinserción).
Fue la última reunión informativa realizada hasta el momento por esas comisiones, pues no hubo más encuentros sobre el tema a lo largo del período ordinario y el tema no fue incluido en extraordinarias. Se verá si el tratamiento continúa a lo largo de 2025 y finalmente el proyecto llega al recinto. Si así sucede y es aprobado, deberá después atravesar el debate en el Senado, donde se presume habrá una resistencia mayor a la baja de edad de imputabilidad.