En la previa del plenario para debatir sobre el proyecto de ficha limpia, que busca que personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción no puedan ser candidatas, los diputados del Frente Renovador de la Concordia Misionero -dentro del bloque Innovación Federal- anticiparon un dictamen de minoría con la intención de incluir a los delitos informáticos.

Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik expresaron que si bien comparten, respecto del proyecto del Poder Ejecutivo, “el objetivo general de promover mayores estándares éticos en la función pública y en el ejercicio de derechos políticos”, su propuesta se suma como complementaria para centrarse “en un ámbito específico y crítico: la regulación de delitos informáticos, bajo el título de 'Ley de Ficha Limpia Digital'”.

La iniciativa prevé que no esté prohibido candidatearse a personas “imputadas por ser autores o cómplices de los delitos informáticos cometidos en contextos o entornos digitales, previstos en los artículos 128, 131, 153, 153 bis, 155, 157, 157 bis, 173 inciso 16, 183, 184 incisos 5° y 6°, 197 y 255 del Código Penal”.

“Este supuesto se aplicará únicamente a quienes hayan recibido una condena con doble conforme, ya sea en la justicia federal o provincial”, reza el texto y agrega que, a su vez, estas personas tampoco podrán ser designadas como jefe de Gabinete; ministros, secretarios y subsecretarios; autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social; integrantes de cuerpos colegiados; personal diplomático; y directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

Además, otro de los artículos sostiene que “el candidato deberá poner de manera voluntaria a disposición de la junta electoral su identidad digital a los fines de incorporarlo en su ficha”. Y define a identidad digital como el “conjunto de información sobre la persona expuesta en internet y activos digitales que le pertenezcan”.

Los misioneros argumentaron que su proyecto “tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la ética y la transparencia en la función pública, con un enfoque específico en los delitos cometidos en entornos digitales y a quienes hayan contribuido y/o brindado ayuda específica para que estos sean cometidos, debido al creciente impacto de estas conductas en la sociedad y en la administración pública”.

“La incorporación de delitos informáticos como criterio de inelegibilidad responde a la necesidad de regular un ámbito que, en los últimos años, ha adquirido una relevancia crítica”, expresaron. Las conductas tipificadas en los artículos mencionados del Código Penal abarcan delitos como: distribución y producción de material de abuso sexual infantil; grooming; violación de comunicaciones electrónicas y fraude informático, entre otros.

Además, aclararon que “al establecer como requisito el doble conforme, garantizamos el respeto por el principio de presunción de inocencia y reducimos el riesgo de abusos o persecuciones políticas”.

Los diputados que responden al oficialismo misionero recordaron: “Un ejemplo paradigmático de la necesidad de abordar los delitos informáticos y digitales en la esfera pública es el reciente caso del exlegislador misionero Germán Kiczka, el cual conmocionó la opinión pública nacional, al ser vinculado a una red de distribución de material de abuso sexual infantil. Este caso generó una profunda preocupación social, ya que Kiczka se encontraba ocupando un cargo de relevancia en un organismo fundamental para la democracia, lo que dejó en exposición fallas en los controles éticos y de idoneidad para la selección de sus representantes del Partido Activar Misiones, el cual pertenece al diputado misionero Pedro Puerta”.

“El caso Kiczka evidenció como las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para conductas gravemente lesivas, incluso desde posiciones de responsabilidad institucional. En este sentido es importante destacar que, si bien Germán Kiczka aún no se encuentra condenado, existiendo al día de la fecha suficiente sospecha sobre el mismo, la causa se encuentra elevada a juicio”, continuaron.

Los legisladores afirmaron que su propuesta “busca prevenir que personas condenadas por este tipo de delitos ocupen cargos de poder y decisión, protegiendo la integridad del sistema democrático y asegurando que los estándares éticos sean acordes a la sensibilidad y demandas de la sociedad actual”.