Tal como se estipuló en la hoja de ruta para las extraordinarias, la Cámara de Diputados buscará en la segunda semana de febrero debatir el proyecto que prohíbe la candidatura de personas condenadas por corrupción, como el caso de CFK.
El plenario de comisiones en el que se dictaminó sobre un nuevo proyecto enviado por el PEN
Tal como se estipuló en la hoja de ruta delineada por el oficialismo para el tratamiento del temario de extraordinarias diseñado por el Gobierno, y habiendo pasado una primera sesión con éxito -aprobó los proyectos de suspensión de las PASO, juicio en ausencia, y reincidencia y reiterancia-, el próximo miércoles 12 de febrero, desde las 10, fue pedida una sesión para debatir el proyecto de ficha limpia. Pocos minutos después, se oficializó la citación por medio del secretario Parlamentario, Adrián Pagán.
La iniciativa, que apunta a prohibir que personas condenadas por corrupción, como el caso de Cristina Kirchner, puedan ser candidatas a cargos nacionales, ya recibió dictamen de comisiones, pero en total hubo seis despechos. De cara a la discusión en el recinto, La Libertad Avanza deberá atender pedidos de modificaciones de bloques dialoguistas. Al tratarse de una cuestión electoral, el texto requerirá de una mayoría absoluta de 129 votos para ser aprobado.
El proyecto de ficha limpia se trata de un tema motorizado con fuerza hace largo tiempo por el Pro, y que se había frustrado en el cierre del período ordinario en noviembre pasado, cuando hubo dos convocatorias a sesión que no reunieron quórum, y con el dato de que en la última faltó un número importante de legisladores de LLA.
Tras un trabajo de especialistas y en el que estuvo involucrado también el ministro de Defensa, Luis Petri -exdiputado-, además de la legisladora del Pro Silvia Lospennato, el Gobierno envió al Congreso en enero su propio proyecto.
En la nueva redacción se propone que ninguna persona condenada por delitos de corrupción en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral, podrá presentarse como candidato a elecciones. Esto afectaría, puntualmente, a la expresidenta y titular del PJ Nacional Cristina Kirchner, quien el 13 de noviembre pasado recibió la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
En la iniciativa se indica que la prohibición de candidatearse correrá "únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta".
Mientras que "en caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral".
A su vez, la Cámara Nacional Electoral deberá llevar "un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias".
Además de no poder ser candidatas en elecciones nacionales, las personas condenadas en segunda instancia por corrupción tampoco podrán ser designadas como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; "ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos", reza el texto.
El proyecto del PEN recibió dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia con 30 firmas, de LLA, el Pro y el monobloque CREO; mientras que la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal firmaron en disidencia.
Entre las diferencias planteadas por algunos bloques de la oposición aliada se encuentran reclamos respecto de la cláusula que establece que regirá para casos en que los fallos se hayan dado en años no electorales, la ampliación de delitos (no sólo corrupción) y de cargos que no podrían ocupar personas en esta condición.
El primer dictamen de minoría, con 26 firmas, fue el de Unión por la Patria, que incorpora delitos económicos y estima que la prohibición debe darse únicamente en casos de condena firme de la Corte Suprema. También firmaron sus propios dictámenes Encuentro Federal, Democracia para Siempre -por dos- y el Frente de Izquierda, de rechazo.
El pedido de sesión fue firmado por Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Manuel Quintar, José Luis Espert, Romina Diez (LLA); Silvia Lospennato, Silvana Giudici (Pro); Oscar Zago, Cecilia Ibáñez, Eduardo Falcone (MID); Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Roxana Reyes (UCR); Oscar Agost Carreño (EF); Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto (CC).
