Estamos ante un gobierno negacionista que desconoce el cambio climático mientras se incendia el sur del país, retira a la Argentina de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y nos deja en una situación de vulnerabilidad frente a epidemias, enfermedades y desastres naturales. Es un gobierno que descree de la evidencia científica, maltrata a nuestros científicos, desfinancia al sector; y a fin de cuentas, impone una cultura oscurantista, que en cualquier momento va a proclamar el terraplanismo como verdad inobjetable.

Estos días trascendió que el Ejecutivo pretende reestructurar el Conicet a fin de reducir el presupuesto del organismo, limitar la cantidad de nuevos ingresos a la carrera de investigador, modificar su esquema de financiamiento, modificar el régimen de compatibilidades en el estatuto para obligar a los investigadores a buscar otro empleo ya que el Conicet no pagaría la exclusividad, afectando así la dedicación a la investigación, eliminar a las ciencias sociales y humana; y también se mencionó la posibilidad de provincializarlo, siguiendo el modelo implementado en la década del noventa con la educación. Por otra parte, pretenden fusionar instituciones abocadas a distintas temáticas como son el INTA, INTI y la Conae. El objeto es reducir la planta; pero esto sólo redundará en la pérdida de capacidades específicas y la desfinanciación.

Ya el 2024 fue un año muy duro para el sector. El ajuste que emprendió el Ejecutivo Nacional recayó en áreas claves y estratégicas para el desarrollo soberano de nuestro país. Prueba de esto es la paralización de las obras del proyecto CAREM 25, del RA-10, y del Parque Industrial de Agua Pesada; A esto se suma el cierre de las Unidades de Extensión del INTI; El despido masivo de personal en organismos y empresas del sector, que asciende a 2.448 trabajadores y trabajadoras altamente calificados; El desfinanciamiento de las Universidades Nacionales, en dónde desarrollan sus tareas gran parte de los investigadores e investigadoras del país; La estrepitosa caída de sus ingresos y la consecuente fuga de cerebros que está generando. Estamos claramente frente a un cientificidio.

Este gobierno incumple con Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, una legislación aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras. La Ley establece que el presupuesto destinado a la función ciencia y técnica se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del 1% del PBI de cada año. El presupuesto destinado en 2024 y para 2025 estuvo y está fuera de las metas establecidas por ley.

No podemos desconocer que la inversión en ciencia y tecnología es esencial para el desarrollo y la sostenibilidad de los países. Al invertir en investigación, los países en vías de desarrollo -como la Argentina- pueden diversificar sus economías, reducir la dependencia de sectores primarios y fomentar la creación de productos y servicios de mayor valor agregado, lo cual mejora la competitividad y crea empleo de calidad. No podemos quedarnos inmóviles frente al oscurantismo que propone Milei y su equipo, ni dilapidar las capacidades científicas que tiene nuestra Nación para abordar los desafíos del futuro.