A través de un texto, el principal bloque opositor denunció que el SNU 43/25 “parece tener solo la finalidad de estar hecho a medida de empresarios, CEOs o amigos de los núcleos concentrados económicos para desarrollar negocios a partir de las capacidades argentinas en beneficio propio”.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para declarar nulo al DNU 43/2025, publicado el 28 de enero pasado, por el que el Gobierno nacional habilitó a nombrar embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a personas que no pertenecen al Servicio Exterior creando la figura de “embajadores comerciales para inversión y desarrollo estratégico”.
El principal cuestionamiento que hicieron desde la oposición es que este decreto “viola la Ley 20.957” del Servicio Exterior de la Nación, sancionada en 1975, que tiene por objeto garantizar la ejecución de la política exterior nacional, preservando, defendiendo y resguardando la soberanía, dignidad e interés de la República en el ámbito continental y mundial.
Entre los fundamentos, expusieron que “el espíritu de (…) tiene como objetivo designar un cupo de embajadores políticos que cumplan esa función, o para homologar a efectos protocolares a funcionarios que no pertenezcan al servicio exterior y que sean nombrados en lugares específicos de la Cancillería. No designar otro embajador que pueda tener una estrategia distinta a la del embajador oficial, sin rendir cuentas”.
Es por ello que en este proyecto para anular tal decreto sostuvieron que “no va en este sentido, ya que establece en su artículo cuarto que las embajadas y los consulados argentinos en el exterior deberán prestar su colaboración cuando estos representantes comerciales designados a dedo por el presidente así lo requieran”.
Entre las principales críticas, señalaron que “esta disposición por parte del Poder Ejecutivo, parece tener solo la finalidad de estar hecho a medida de empresarios, CEOs o amigos de los núcleos concentrados económicos para desarrollar negocios a partir de las capacidades argentinas en beneficio propio o corporativo y sin certezas de que tales gestiones con título oficial redunden en el incremento de la riqueza de la Nación Argentina”.
En el final de la redacción, los diputados firmantes aseveraron que “es relevante señalar que este decreto implica un retroceso en una materia estratégica y trascendental como el Servicio Exterior de la Nación, por eso es vital declararlo insanablemente nulo y que de manera inmediata se retrotraigan las modificaciones que genera”.
El proyecto fue encabezado por Lorena Pokoik y avalado por Santiago Cafiero, Germán Martínez -jefe de bloque-, Paula Penacca, Jorge Araujo, Florencia Carignano, José Gómez, Eduardo Valdés, Roxana Monzón, Micaela Morán, Jorge Chica, Andrea Freites, Mario Manrique y Julio Pereyra.
