Encargadas de fundamentar el dictamen de Unión por la Patria fueron las diputadas Mónica Litza y Vanesa Siley. La primera rechazó que ese espacio no quiera ficha limpia, como “quieren instalar”, según sostuvo. A su juicio, ese es “un golpe de efecto que les da resultado”.

“No es verdad, por si la verdad todavía importara”, aseguró, afirmando que ficha limpia ya existe en nuestra legislación. “Lo que no estamos de acuerdo es con querer votar o acompañar un proyecto que violenta el principio de sentencia firme o presunción de inocencia”, continuó.

Luego Litza planteó las tres grandes diferencias que su espacio tiene con el proyecto oficial. Uno es los delitos abarcados, que ellos quisieran extender como inhabilitantes; también la extensión para las sociedades offshore y un respeto a la Constitución Nacional. “No solo deben ser inhabilitados los delitos de corrupción, sino extenderlos al contrabando, malversación, delitos de índoles sexual, trata de personas, a los evasores y administradores de las sociedades offshore”, sostuvo, asegurando que “todos estos delitos que estamos incorporando son tan inmorales como los delitos de corrupción”. Asimismo, sostuvo que “la presunción de inocencia es fundamental, solo se rompe con la sentencia firme”.

Litza advirtió de todas maneras que si este proyecto se convierte en ley, “en algún momento la Corte lo va a declarar inconstitucional”, y puso como ejemplo uno que involucró a Carlos Menem, tío del actual presidente de la Cámara. “También le prohibían ser candidato nacional, y casi lo logran. Tuvo que intervenir la Corte, dijo que la condena estaba mal impuesta, lo sobreseyó y pudo ser candidato. Lo mismo ocurrió con Lula en Brasil”.

“Estamos convirtiéndonos en una casta que decide quiénes pueden ser candidatos y quiénes no”, sostuvo, y concluyó alertando con que “están buscando inhabilitar a Cristina Kirchner”.

A continuación, Vanesa Siley sostuvo que “por lo menos ha reconocido el oficialismo que estamos hablando del ejercicio de los derechos políticos, porque se ha intentado disfrazar esto como la transparencia, garantías, y estamos hablando de una limitante importante a la soberanía popular: el derecho a elegir y ser elegido”.

En otro pasaje, Siley recordó que el proyecto original de 2015 inhabilitaba a los procesados para ser candidatos. “Si nosotros lo hubiéramos votado, no hubiera podido presentarse (Mauricio) Macri”, advirtió la diputada, que detalló a continuación la “cronología de cambios que fue siguiendo el estado procesal de Cristina Fernández de Kirchner, para ir corriendo la cancha. Y por otro lado, (fue siguiendo) el estado procesal de Mauricio Macri, para que siempre pueda quedar adentro del escenario electoral”.

Y cerró: “Cuando decimos proscripción, nos referimos a esto”, advirtiendo que “persiguen opositores”.