El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro celebró la reciente salida del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Mariano De los Heros, quien había sido denunciando por mantener el pago de pensiones a ex presidentes.

En ese contexto, el legislador recordó que “en diciembre de 2023, desde la Fundación Apolo, le presentamos al Gobierno de Javier Milei un planteo pidiendo que ni María Estela Martínez de Perón, Cristina Kirchner (también la pensión que percibe de Néstor Kirchner) y Alberto Fernández, ni el ex vicepresidente, Amado Boudou -todos por razones distintas-; debían cobrar la pensión para ex presidentes que es una suma bastante importante y mes a mes recibe cada uno de ellos”.

Además, añadió en diálogo con Radio Mitre que De los Heros “durante casi un año se mantuvo en silencio sobre este tema. Y, en agosto del año pasado, decidimos meter con la diputada Graciela Ocaña una denuncia penal, que hizo que poco tiempo después efectivamente den de baja la pensión”.

No obstante, cuestionó con dureza la forma en la que se dio su abrupta salida, al señalar que “cuando una persona que no sigue la instrucción recibe la guillotina, algún malestar me genera”. Asimismo, advirtió sobre las posibles consecuencias de este tipo de decisiones políticas a largo plazo: “al corto plazo puede servirle al Gobierno, pero va dejando heridos, fricciones, rupturas que en el tiempo hace más difícil el proyecto”.

En este sentido, añadió: “Si vos en el medio te cargas a Diana Mondino, Victoria Villarruel, Ramiro Marra... empieza a mandar un mensaje complejo a la gente que evalúa acercarse a ese espacio”.

En cuanto a la situación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires, el legislador fue enfático en señalar la responsabilidad del Gobierno Nacional: “más del 90% de los presos en la Ciudad de Buenos Aires no deberían ser juzgados ni condenados por la jurisdicción porteña” y denunció que “hay un problema que se arrastra desde la pandemia, con más de 1.800 detenidos que no son responsabilidad de CABA. La responsabilidad de solucionar esto es del Gobierno Nacional, no de los porteños”.

Santoro explicó que la Ciudad tiene pocos delitos bajo su competencia que terminan en prisión efectiva, lo que hace innecesario un sistema penitenciario de gran escala. Y alertó sobre las consecuencias del hacinamiento: “si se suman dos mil personas en un espacio sin capacidad, se generan malas condiciones para los presos y problemas de seguridad”.

Por otro lado, el diputado criticó la demora del Gobierno Nacional en la transferencia de fondos para la construcción de una cárcel en la Ciudad y propuso alternativas: “si el Estado no tiene herramientas o incentivos para desarrollar soluciones a corto plazo, se puede abrir una licitación y establecer un esquema público privado para la construcción de cárceles”.

“El Gobierno Nacional debe firmar acuerdos con provincias y prisiones en condiciones de albergar detenidos y trasladarlos. No puede ser que, por falta de infraestructura nacional, el problema se traslade a la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene capacidad, y encima termine siendo atacada por el Gobierno Nacional”, sentenció Santoro.