De acuerdo a un comunicado del gobierno nacional, la decisión que suprime la secretaria de Estado “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.

En ese marco, la diputada bonaerense de la CC-AR, Romina Braga, autora de la iniciativa, consideró que “en un país con crisis habitacional, disolver la Secretaría de Vivienda no está a la altura de la realidad; si hubo descontrol en programas como Procrear, la solución era auditar y sancionar, no eliminarlos, la política pública debe corregirse, no desaparecer”.

“En un contexto donde los alquileres están por las nubes, los créditos hipotecarios son prácticamente inaccesibles y los asentamientos informales crecen exponencialmente, la decisión de desmantelar una de las pocas herramientas estatales orientadas a garantizar el derecho a la vivienda de calidad resulta alarmante”, indicó.

“Los datos son más que significativos: según el último informe del INDEC, más del 40% de los hogares argentinos no accede a una vivienda propia; en los grandes centros urbanos, esta situación es aún más dramática: en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el 60% de los inquilinos gasta más del 40% de sus ingresos en alquiler, lo que los deja en una situación de extrema vulnerabilidad económica. A su vez, la proliferación de villas y asentamientos ha aumentado un 30% en la última década. Ante este escenario, la desaparición de una estructura gubernamental diseñada para abordar este problema no hace más que agravar la crisis”, precisó la diputada de la  CC-ARI.

Además, Braga señaló que “esta medida también tiene un fuerte impacto en la planificación territorial y en el acceso equitativo al suelo urbano; la Secretaría desempeñaba un papel clave en la articulación de políticas públicas con municipios y provincias para el desarrollo de infraestructura habitacional y la regulación del suelo. El estado debe intervenir en estas circunstancias, ya que un vacío en la gestión de estas problemáticas, podría traducirse en un incremento de la especulación inmobiliaria y una mayor exclusión de sectores vulnerables”.

Finalmente concluyó: “El derecho a la vivienda no puede quedar librado a las fuerzas del mercado sin la intervención del Estado. Mientras que en otros países se fortalecen los programas de acceso a la vivienda con créditos blandos, subsidios y regulaciones justas del alquiler, en Argentina se retrocede en un área crucial para la calidad de vida de su población. Es imprescindible que se replantee esta decisión y que el Estado recupere un rol activo en la garantía del derecho a un techo digno”.