También harán lo propio con funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, a fin de implementar medidas tendientes para que el Estado resuelva la situación de los detenidos alojados en comisarías, alcaidías y otros espacios no aptos dentro de la Ciudad.
A raíz de un escrito impulsado por la Fundación Apolo -a cargo del legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro-, la jueza María Rita Acosta, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, quien resolvió citar al director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, y al secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros.
El Habeas Corpus impulsado por la mencionada fundación tiene como objetivo que el Estado Nacional adopte medidas urgentes para hacerse cargo de los detenidos por causas de jurisdicción nacional y federal que actualmente se encuentran alojados en comisarías, alcaidías y otros espacios no aptos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada hoy por Jorge Macri.
En la cédula, la magistrada resolvió citar a una audiencia a Santoro, José Magioncalda e Ignacio Falcón, en representación de Apolo; a Martina Gómez Romero, a cargo de la Defensoría Oficial N° 9; al fiscal designado; al letrado apoderado del Servicio Penitenciario Federal, Raúl Emanuel Carballo; al director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal; al secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezequiel Daglio; al jefe de la División Enlace con el Poder Judicial y Servicios Penitenciarios de la Superintendencia de Seguridad Comunal de la Jefatura de la Policía de la Ciudad y al director de la Dirección Autónoma de Alcaidías de la Policía de la Ciudad.
En el escrito original presentado por Apolo, los peticionantes argumentan que la omisión del Estado Nacional que hoy comanda Javier Milei en garantizar cupos en establecimientos federales derivó en una “delegación tácita e impropia de responsabilidades entre distintos niveles estatales”, lo que agrava el problema de sobrepoblación carcelaria en la Ciudad. “Al 31 de diciembre de 2024, el 93,3% de las personas detenidas en dependencias de la Ciudad se encontraban privadas de su libertad por causas en la Justicia Nacional o Federal”, sostiene el escrito.
Por otra parte, el informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, acompañado como prueba en la presentación judicial, revela que al cierre de 2024 había 2.141 personas alojadas en centros de detención no penitenciarios en la Ciudad. “Las comisarías y alcaidías porteñas no solo operan con una sobrepoblación del 35%, sino que también carecen de espacios adecuados para la atención de la salud, la alimentación y la visita de familiares, lo que representa una violación sistemática de derechos fundamentales”, subraya la presentación.
En relación a este tema, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, asistirá el próximo martes a la Legislatura; donde asistirá a la Comisión de Seguridad.