En las últimas horas el presidente de Argentina fue protagonista principal de una estafa.

La creación de una criptomoneda es corriente, nada ilegal. El asunto es que su respaldo surge del grado de confianza de los inversores. ¿Cómo lograr ésa confianza? Con el respaldo de un funcionario con alta exposición y buena estima de un sector de público, su prestigio e investidura dan resguardo a la inversión y un flujo de inversores orienta sus recursos en tal sentido. Claro, quienes invirtieron su dinero no podían sospechar que se trataba de una vulgar estafa a cargo de un líder político. Un cuento del tío. Pasado el momento de auge por el respaldo de Milei, los organizadores del desfalco, desplomaron la moneda y se quedaron con la inversión de mucha gente. Se estima que, en pocas horas estos pocos personajes pudieron quedarse con un valor que va entre 80 y 150 millones de dólares.

Por otra parte, dada la proyección global del liderazgo de JM, inversores de distintos lugares del mundo depositaron en él su confianza. De esta manera, el escándalo no es de cabotaje, sino mundial. Rápidamente sabremos (por denuncias judiciales y procedimientos de organismos competentes) la magnitud y proyección de esta maniobra ilegal.

Claramente es un hecho inédito. Aunque Milei ya había respaldado una “estafa Ponzi” mientras era diputado, muchos consideraron que la prudencia, el aplomo, la moral y la cordura se harían presentes al momento de ejercer la primera magistratura. Nada de eso ocurrió. Hoy su credibilidad cayó como un piano. El juicio político está a la vuelta de la esquina. Las demandas judiciales en Argentina y otros países se pueden suceder durante muchos meses. Así, el presidente no puede ejercer correctamente sus funciones.

Su arrogancia lo indujo a un error garrafal y, quizás su avaricia a un intento de estafa del que no puede dar una explicación sensata (dado que pasadas ya muchas horas y con el respaldo de los mejores abogados y asesores, no puede hilvanar una explicación, así una sombra de sospecha se proyecta sobre su investidura. Por otra parte, el argumento de Patricia Bullrich acerca de que se trata de un tuit no tiene sustento, se trata de una estafa en la que mucha gente perdió cientos de millones de dólares).

Debe pedir licencia hasta que se sepa toda la verdad. Su resistencia y la de su equipo, acusando de ratas a opositores; no guarda ninguna relación con los hechos. Su razonamiento no da para más.

El presidente debe tomar una licencia por el bien de Argentina, su pueblo y las instituciones de la Constitución. Los otros caminos pueden ser la crónica de una muerte anunciada.