El objetivo es construir un escudo que blinde al jefe libertario o que, como mínimo, demore casi eternamente su comparecencia ante los tribunales.
En medio del escándalo por la estafa con la cripto $LIBRA, que involucra directa y seriamente al presidente de la Nación, un dispositivo de poder libertario -encabezado por el asesor Santiago Caputo- ya puso en marcha el plan de emergencia para evitar que la Justicia avance sobre Javier Milei.
El objetivo es construir un escudo que blinde al jefe libertario o que, como mínimo, demore casi eternamente su comparecencia ante los tribunales.
Al otro día del hecho que ya es un escándalo histórico, la Casa Rosada hizo viralizar el argumento que será una piedra angular para la defensa: “un tuit no es delito”.
La cara visible de esa particular interpretación es el abogado Jorge Grispo, que en las últimas horas inundó los medios con la invitación a tratar todo como un mero debate sobre los límites de la comunicación institucional del presidente.
Ese debate, afirma Grispo, “debe darse en el ámbito de la política, no en los tribunales penales”.
Pero el plan también incluye que Milei aparezca con una “fuerte iniciativa por someterse a investigaciones”; no comenzando por la Justicia, sino por el propio Gobierno que él conduce.
En ese marco, ya se comunicó que “el presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”.
Sin embargo, en su información de presentación institucional, la OA destaca:
- “No estamos obligados a intervenir en todos los hechos que puedan constituir un acto de corrupción, porque esa es una actividad propia de la Justicia en el ámbito penal”.
- “Tampoco imponemos sanciones penales. Esa es una actividad de los fiscales y los jueces”.
No conformes con la maniobra distractora, desde el Poder Ejecutivo también anunciaron que “el presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”.
Nada más idéntico a una autocracia. El titular del Poder Ejecutivo usurpa competencias del Poder Judicial, se investiga a sí mismo y, para hacerlo, usa estructuras estatales que están atadas a su propia decisión.
No hacen falta más evidencias. Ya está en ejecución; es un plan de emergencia que camina hacia la impunidad.
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
